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Gustavo Posse, de San Isidro, un intendente cercano al massismo, fue uno de los jefes comunales bonaerenses de la Primera Sección que se refirió al revés que sufrió el país en la justicia norteamericana respecto a los “fondos buitre”.

El intendente de San Isidro dijo que “hay que avanzar en una negociación que sea lo más beneficiosa para nuestro país. Ya conocemos las nefastas consecuencias que trajo en su momento la declaración del default”.
 
Luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazara la apelación que presentó el gobierno argentino, que quedó obligado pagarle a los “fondos buitre”, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, destacó: “Vamos a dar apoyo político al gobierno para que encuentre la mejor manera de resolver esta situación, teniendo en cuenta que quien paga es la gente, no un presidente ni un partido político”.
 
Para el mencionado jefe comunal “hay que avanzar ahora en una negociación que sea lo más beneficiosa para nuestro país”. Por lo que en ese sentido remarcó: “Ya conocemos las nefastas consecuencias que trajo en su momento la declaración del default”, y lamentó el tiempo perdido en negociaciones para “la tribuna”, con “bravuconadas políticas”, pero aseguró que es momento de tomar el tema con seriedad y racionalidad para honrar las deudas con sentido nacional, atenuando el costo con políticas serias de desarrollo.

“Perjudicará los recursos”
Por otra parte, el Diputado Juan Carlos Juárez, del GEN en el Frente Amplio Progresista, consideró que el fallo de la Corte Suprema de los EEUU, que rechazó las apelaciones del Gobierno Argentino contra los fondos buitres, no sólo pone en riesgo la economía nacional, sino que además perjudicará seriamente los recursos de varias provincias del país. Explicó esos distritos podrían recurrir a emitir bonos al portador para poder seguir pagando sus obligaciones y sostener parcialmente el consumo.

En este sentido, el lujanense explicó que “la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada, porque estaba intentando introducir en el mercado británico documentos por un total de U$S 500 millones que finalmente no podrá concretar, dado que se le están exigiendo intereses que superan el 13%”.

El legislador aseguró que “esa imposibilidad de acceder al crédito acentúa la crisis económica que atraviesa el distrito bonaerense porque impediría cumplir con los servicios básicos, con el pago de salarios a empleados estatales y también se verá imposibilitada la concreción de varias obras públicas en matería de redes viales e hidráulicas”.

Además, para el referente del FAP, “Scioli no ha generado durante estos años de gestión las condiciones económicas y financieras que deberían haber formado parte de sus previsiones para poder soportar este tipo de situaciones, lo que agrava aún más el escenario de incertidumbre”.

En este contexto, finalmente Juárez concluyó diciendo que la crisis puede tornarse insostenible en Buenos Aires y en varias provincias más “obligando a sus gobiernos a tener que emitir bonos internos y hasta cuasimonedas para poder subsistir”.

 

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