El gobierno bonaerense decretó la reapertura, previa "rehabilitación" y "reacondicionamiento" de calabozos para albergar detenidos cuya clausura había sido dispuesta en 2011 y 2012 por malas condiciones edilicias y razones humanitarias.
La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, recordó que el cierre de los calabozos "se había fundamentado en la celeridad necesaria para concretar los mecanismos de traspaso de detenidos alojados en comisarías al ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense".
Mientras tanto, acotó, se aceleraba la construcción de las alcaidías "para destinarlas al alojamiento exclusivo de detenidos cuya situación procesal resulta previa a prisión preventiva", tal cual publica la agencia DyN.
Sin embargo, admitió, aquella decisión "ha impactado en forma negativa respecto a las condiciones de alojamiento de detenidos de aquellos que se encuentran actualmente habilitados".
Por lo que "en esta dinámica, por razones de celeridad, y mientras se gestionan los cupos pertinentes dentro del sistema penitenciario provincial, resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales", agregó.
“Resulta oportuno y conveniente disponer la rehabilitación de la totalidad de los calabozos de las dependencias policiales que hayan sido clausurados por las referidas resoluciones ministeriales, sin intervención judicial", dispuso.
En ese sentido, el decreto "autoriza el alojamiento transitorio en dichas dependencias respecto de quienes se disponga su detención o aprehensión a partir de la finalización de las obras de readecuación de cada dependencia".
En tanto el mes pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ya había repudiado la resolución para “rehabilitar el funcionamiento de calabozos en ubicados en dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires”.
La CPM reiteró, en ese momento, su denuncia por el colapso del sistema penitenciaron por el aumento en el número de detenciones 26.500 en 2007, a 31.500 en la actualidad. Casi 5 mil personas más durante esta gestión de gobierno. Además sostuvieron que casi un 65% de las personas detenidas tienen prisión preventiva.
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