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Este martes 26 de agosto los referentes locales del Partido Obrero y la CTA “Germán Abdala”, junto a sindicalistas de CICOP y de la Asociación Judicial Bonaerense, estuvieron brindando una conferencia de prensa explicando los motivos y alcances de las medidas de fuerza y paro del 27 y 28 de este mes.

El encuentro con los medios de comunicación se dio pasadas las 11:30 horas en la sede de ATE, de avenida 17 y 30.

En principio Pablo Demarco, referente del PO y de Tribuna Docente, explicó: “El 27 y 28 habrá un paro nacional activo, de los compañeros de la CTA dirigida por Pablo Michelli, donde los integrantes de la Coordinadora Sindical Clasista, el Partido Obrero que nuclea a las agrupaciones sindicales de varias ramas de la industria, y Tribuna Docente, estamos adhiriendo y planteando la necesidad de que sea un paro activo. Por ello mañana 27 los compañeros mencionados y un grupo de fábricas nos movilizaremos al Congreso para exigir una ley que prohíba las suspensiones y despidos, y un pliego de reivindicaciones que plantea un aumento salarial de emergencia para quienes están en actividad y los jubilados, y reivindicaciones para atacar el foco de la crisis que entendemos el gobierno intenta descargar sobre los trabajadores”.

“Será un paro muy importante”, dijo al ser consultado sobre qué repercusiones podría tener en la ciudad de Mercedes. “Los compañeros auxiliares van a estar haciendo paro el 27 y el 28 en los colegios, y se ha abierto una enorme deliberación en escuelas con profesores y maestras para ver cómo organizan el paro. Se abrió un debate en la FEB y algunos de ellos van a parar. Se trata de que sea la acción colectiva de la clase obrera en el marco de una gran crisis y transformar esta movilización y paro en el programa de salida que venimos levantando desde la CTA y la CSC, y el conjunto de fábricas que están luchando y están superando a las conducciones sindicales que no están luchando”, afirmó Demarco.

Hugo Bonafina, en representación de la CTA y ante la ausencia del secretario Fernando Bojorge por enfermedad, indicó: “El planteo como organización de ATE que venimos convocando por demandas puntuales nuestras estaremos parando 48 horas. Además hay otros compañeros como los de la CICOP y de la AJB adherimos a esta jornada. Las 36 horas de la CTA tienen que ver con que implementamos nuestra medida y nuestras acciones lógicas. Los reclamos y demandas que tenemos los venimos planteando hace un largo tiempo con lucha, y en este caso solicitamos paritarias entre otras cosas, que también tienen relación con la baja de los presupuestos, las demoras de pagos y otros problemas que venimos denunciando”. Bonafina explicó que la Central comenzará la medida a partir de las 12 horas del 27 y ATE Buenos Aires incluye todo el día 27 y más el 28, como forma de garantizar las acciones regionales en la provincia. Entre las acciones, a primeras horas de la mañana del 27 se realizarán cortes de ruta, de puentes y movilizaciones, para confluir luego a la movilización al Congreso nacional en capital, por salarios dignos, fin de los despidos y suspensiones, contra el impuesto a las ganancias en el salario, por políticas sociales inclusivas y contra la Ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

Por parte de la AJB, Tomás Mena, destacó que con respecto a las jornadas de lucha por parte de la FJA y la AJB de cada departamental hay una total adhesión: “Hemos sacado un comunicado en el que ante la preocupante coyuntura económica que atraviesa el país, caracterizada por creciente inflación, despidos y un grave deterioro del poder adquisitivo, la Federación Judicial Argentina y la AJB, adhieren y convocan a las jornadas de lucha previstas por la CTA”.

“Los trabajadores judiciales nos hemos visto afectados particularmente por esta situación y sumamos a los reclamos generales un nuevo llamamiento a que se reconozca por parte del gobierno nacional, la Corte, y la mayoría de los estados provinciales, el derecho a la negociación colectiva que nos es negado”, agregó y dijo que como judiciales exigen la prohibición de despidos y suspensiones por un año, la derogación del Impuesto al Salario, un aumento de emergencia para jubilados, la urgente convocatoria a todas las centrales de trabajadores al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y la reapertura de la negociación salarial, así como la derogación de la Ley  Antiterrorista y la suspensión del pago e investigación de la deuda pública.

 

 

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