Con el objetivo de “favorecer la transparencia” de la gestión y “evitar actos de corrupción”, el bloque de concejales del Frente Mercedino para la Victoria presentó un proyecto que obliga a los funcionarios municipales a publicar su declaración jurada patrimonial de modo “que todos los vecinos tengan acceso a la información”.
El proyecto de Ley fue presentado por el bloque que preside Juan Ignacio Ustarroz en la sesión del lunes y quedó en comisión.
“Creemos que es fundamental garantizar la transparencia en la administración y de los funcionarios públicos, y este proyecto declaraciones públicas y juradas de los patrimonios personales no solo va en ese mismo sentido, sino que se manifiesta en consonancia con leyes nacionales y provinciales y hasta en convenciones internacionales como la Interamericana o la de Naciones Unidas”, explicaron.
En efecto, a nivel nacional se ha sancionado la Ley n° 25.188 de Ética en la Función Pública (establece la obligatoriedad de presentar la declaración jurada patrimonial de todos los funcionarios con competencia nacional); y la Argentina ha adherido a normas en la materia, como la Convención Interamericana contra la Corrupción (art.3 inc.4) y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 8 inc.5).-
Además, el deber formal de presentar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios provinciales y municipales está regido por el Decreto–Ley Nº 9.624/80, modificado por el Decreto Provincial Nº 711/81 y Decreto Nº 3.233/90; y las distintas normativas establecen la forma y los requisitos que deben cumplirse para la publicidad hacia terceros del contenido de las declaraciones juradas patrimoniales.
“Estas herramientas –dijeron desde el FMpV-, permiten controlar la evolución patrimonial y prevenir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y los actos de corrupción, tanto de funcionarios políticos como de funcionarios jerárquicos de planta en áreas críticas que trabajen con entrega de subsidios, contrataciones o compras”.
Y agregaron: “Para una mayor participación ciudadana y transparencia en la gestión pública, se hace necesario que las presentaciones iniciales y anuales, sean confrontadas en una audiencia pública, con la última declaración jurada del funcionario, a la finalización de su mandato; permitiéndose a la ciudadanía evacuar todas las dudas en la materia, directamente en dicho ámbito”.
El texto del proyecto de la bancada que preside Ustarroz busca combatir “el enriquecimiento ilícito como modalidad corruptiva” y recuerda las facultades del Honorable Concejo Deliberante para, desde su función, facilitar la participación ciudadana a través de instrumentos de control social de gestión.
Los funcionarios que estarían obligados a presentar su declaración jurada al momento de asumir el cargo son: el Intendente, los Concejales, el Secretario del Concejo Deliberante, el Contador de la Municipalidad, el Tesorero, el Jefe de Compras, el Jueces de Faltas, Secretarios, Subsecretarios, Directores, Sub Directores y Coordinadores del Departamento Ejecutivo.
“La declaración deberá contener una nómina detallada de todos los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores de edad, que se encuentren en el país o en el extranjero –señalaron-. Y, entre otros, se deben incluir bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre los mismos; bienes muebles registrables; capital invertido en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa o en explotaciones personales o societarias; monto de los depósitos en entidades bancarias u otras entidades financieras, nacionales o extranjeras; y créditos y deudas hipotecarias, prendarias o comunes”.
Estos documentos, finalmente, quedarán depositados en la Contaduría General y las de los Concejales en la Secretaría del Concejo Deliberante, a disposición de cualquier ciudadano; y también serán publicados en las páginas de internet oficiales.
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