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19/09/14
Opinión: Hace más de 25 años que a la provincia de Buenos Aires la educación no le importa
Se votó una norma por la que nombrarán docentes sin serlo. Hay que demandar a gobernantes y la sociedad política que cumplan el derecho educativo a toda la población infantil en igualdad de posibilidades. Por María del Carmen Silva



 

 

Se sancionó la “Ley de Incorporación de la Modalidad de Educación Comunitaria al Sistema de Educación Formal” por la cual militantes sociales y vecinos que estén atendiendo chicos de 45 días a 5 años, serán nombrados docentes sin serlo. Los Centros Maternales y Jardines de Infantes que cumplen una tarea de guarda social y no educativa son oficializados como "escuelas comunitarias" pertenecientes al área de Educación.

La gravedad de la norma votada puede visibilizarse en el siguiente ejemplo: mañana se sanciona una ley designando Jueces de la Nación a los empleados de la Justicia con el argumento de que dada su experiencia laboral no necesitan título de abogado habilitante para impartir justicia y además el Ministerio de Justicia los oficializa como “Juzgados comunitarios”.

Esa es la lógica perversa utilizada, en éste caso, por todo el cuerpo político representado en las cámaras legislativas bonaerenses. La ley votada, se vete o no, seguirá siendo ley.

Y nos prueban, una vez más, que desde hace 25 años a los gobernantes y la sociedad política la educación no les importa porque:

- Legitiman la desigualdad social y niegan las posibilidades de las/os niñas/os al acceso, permanencia y egreso a la Educación Inicial en escuelas con docentes formados, titulados y habilitados para educarlos.

- Legitiman el incumplimiento del derecho educativo provocando la continuidad del proceso de marginalidad, exclusión y desigualdad educativa a más de la mitad de las/os niñas/os que viven situaciones de pobreza y vulnerabilidad extrema, entre los 45 días y 5 años de edad.

- Legitiman la impunidad de la sociedad política ante el incumplimiento de los principios garantistas de las leyes vigentes, desconociendo el interés superior del niño o la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por la ley

Nosotras sabemos y muy bien, que ni el mayor presupuesto, ni las transformaciones del sistema o leyes, ni los exitosos expertos educativos hoy legisladores, ni los discursos camuflados de progresistas han servido para cambiar la historia de marginalidad y desigualdad educativa que vivimos junto a las/os niñas/os en el Nivel Inicial desde hace más de 25 años.

- Refuerzan la naturalización de un proceso de legalidad truncada (O Donnell, G.), un tipo de legalidad en que los derechos sociales liberales de los sectores pobres son diferentes, descuidando el cumplimiento pleno de los derechos a la población en general, con el objeto de “lavar” la responsabilidad indelegable del Estado garantista de los derechos civiles.

- Legitiman y consideran a los docentes y niñas/os menores de 5 años ciudadanos de baja intensidad (O Donnell), quienes en términos formales tienen los mismos derechos que corresponden a un régimen democrático, pero sustantivamente les son negados por ser pobres o minorías discriminadas o marginados material y legalmente, sin posibilidades de acceder al sistema educativo en condición de igualdad y justicia.

Me une a las colegas docentes la profesión, vocación, pasión por la educación de los más pequeños, el ejemplo vivo de las precursoras de la educación infantil como Rosario Vera Peñaloza, Hebe San Martin, Lydia Bosch y la lucha por la defensa del derecho educativo para toda la población desde la cuna. Pero hoy también nos iguala el destrato y la desconsideración a la formación - profesión docente por parte del Poder Legislativo bonaerense.

Nosotras sabemos y muy bien, que ni el mayor presupuesto, ni las transformaciones del sistema o leyes, ni los exitosos expertos educativos hoy legisladores, ni los discursos camuflados de progresistas han servido para cambiar la historia de marginalidad y desigualdad educativa que vivimos junto a las/os niñas/os en el Nivel Inicial desde hace más de 25 años.

Hoy el desafío que nos iguala es demandar a los gobernantes y la sociedad política que concreten el cumplimiento del derecho educativo a toda la población infantil en igualdad de posibilidades, desde la cuna y educados por un adulto docente formado en educación inicial.  

Un primer gesto debería ser derogar la ley votada.

Porque necesitamos una sociedad comprometida solidariamente, despojada del individualismo que la corroe, respaldada por un Estado garantista involucrado en todas las jurisdicciones, para lograr que finalmente los sectores populares accedan a la educación inicial en condiciones de igualdad y justicia.

* María del Carmen Silva es Magister en Política y Gestión de la Educación, Licenciada en Educación Inicial, Investigadora –Docente de la UNLu.

 

 

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