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El concejal del Frente Mercedino para la Victoria Juan Martín Andrés aseguró que “lo único que se cayó” en el marco de la llamada ‘causa Marcelo Melo’ “es la coartada de que esto se trataba de una inocentada”, al referirse a la decisión del juez de Garantías Marcelo Romero de llevar a juicio oral al ex director de Turismo de la municipalidad por al menos dos de las tres imputaciones que había elevado la fiscalía.

“De las tres imputaciones contra Melo, el juez elevó dos a juicio oral: peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Y la tercera, enriquecimiento ilícito, la devolvió a la Fiscalía con la chance de ampliar la documentación para volver a presentarla. Yo lamento el intento de confundir a la opinión pública por parte de la defensa, diciendo que la causa empieza a caerse, porque acá lo único que les cayó es la coartada de que esto era una inocentada”, explicó Andrés.

“La decisión del juez viene a poner de manifiesto que a nosotros nos asiste la verdad –agregó-, por eso estoy muy tranquilo y satisfecho con el accionar de la Justicia. Porque esto no es una cuestión personal: esto es la necesidad de transparentar la gestión, de que si se hace una Fiesta Nacional sea un orgullo para todos los vecinos y no que atrás haya cosas que no corresponden”.

La causa se originó en 2012, cuando se comprobó que Melo, ex director de Turismo y actual coordinador de Derechos Humanos de la municipalidad, depositaba en una cuenta bancaria personal parte de la recaudación de la Fiesta Nacional del Salame Quintero.

Andrés, uno de los principales impulsores de la causa –a la que en su momento se sumó una denuncia de los entonces ediles Inés Ghione, José Luis Ramos y José Cestari-, lamentó asimismo que el bloque de concejales del selvismo no acompañara un pedido de informes del Frente Mercedino para la Victoria para investigar el manejo del dinero de ediciones anteriores de la fiesta (específicamente del 2006 al 2011).

El pedido estaba motivado por declaraciones públicas del abogado de Melo, Ariel Fusco, quien aseguró que su defendido “heredó una modalidad” recaudatoria.

“En ese momento los concejales que responden al intendente argumentaron que el tema ya estaba judicializado y las cuentas aprobadas, por eso es que estamos analizando la posibilidad de ampliar la denuncia ante la Justicia para que se determine si, como dice el abogado de Melo, esto siempre se hizo así. Porque estaríamos hablando de un modus operandi y de un delito sistemático en la modalidad recaudatoria”, manifestó Andrés.

Andrés recordó que funcionarios del gobierno municipal admitieron en medios de comunicación que “sabían que se hacía así” y luego “se desdijeron ante la Justicia. Es necesario aclarar esa parte de la historia”, enfatizó el concejal del Frente Mercedino.

“Porque hay que establecer la existencia de irregularidad, conexidad y/o posibles perjuicios e ilícitos en la administración pública en ediciones que no han sido investigadas por la Fiscalía ante la posible existencia de nuevos hechos que pudiera constituir otros delitos y/o inclusive una asociación ilícita”, agregó.

Al momento de elevar la causa al Juzgado de Garantías 1, a cargo de Marcelo Romero, el fiscal Juan Ignacio Bidone (UFI 1) estableció que Melo “sustrajo” la plata, considerada de “carácter público”.

Los argumentos de la Fiscalía en la imputación se sostienen en que los depósitos realizados en la cuenta de Melo no coinciden con el listado de puesteros, ni tampoco hay compatibilidad entre las extracciones de la cuenta realizadas por el funcionario y las rendiciones elevadas a tesorería. Hay depósitos que Melo no pudo justificar –hechos por personas que no figuraban en la lista de artesanos-, y fue el ex director de Turismo, a partir de testimonios recogidos en la causa, quien dispuso este método de cobro.

Como abreviación del proceso, la UFI 1 había pedido la pena de cinco años de prisión para Melo, una multa del 75% del enriquecimiento y la inhabilitación perpetua y absoluta para el ejercicio de cargos públicos, además de las cosas del juicio.

 

 

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