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El asesinato de Chiara Páez, de 14 años, a manos de su novio de 16, luego de que éste se enterara que la adolescente estaba embarazada, desató la indignación popular. Chiara concentra los estigmas que marcan a las mujeres en Argentina: la violencia, el embarazo adolescente. En la década kirchnerista las niñas madre aumentaron un 20%, la mayoría de entre 15 y 19 niños que no planificaron su embarazo.

Se gestó así una convocatoria por las redes sociales impulsada por escritoras, periodistas y organizaciones de mujeres a concentrarse en el Congreso de la Nación bajo la consigna “Ni una mujer menos por femicidios”. La movilización del 3 de junio se ha nacionalizado y a la cita inicial del Congreso se han sumado movilizaciones en todas las plazas del país, lo mismo ha ocurrido en nuestra ciudad y como Partido Obrero hemos adherido a dicha convocatoria.

Las principales convocantes a la marcha del 3 de junio han presentado un programa de cinco puntos bajo el lema "De la foto a la firma". Los puntos contemplan la elaboración de estadísticas oficiales, la creación de fueros regionales especializados en violencia contra las mujeres con competencia en materia civil y penal, la reglamentación en su totalidad de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y la asignación de recursos para su aplicación, la incorporación de la temática de violencia en las currículas educativas y la creación de un Ministerio de Igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Este esfuerzo por elaborar un programa constituye una delimitación política de todos aquellos funcionarios y sectores del aparato del Estado que buscan encubrir su propia responsabilidad detrás de una foto y una consigna, y en ello radica su mérito.

Una Mujer por día
La reforma del código civil que en 2012 incorporó la figura del femicidio, que plantea la posibilidad de una condena a cadena perpetua, no ha sido una herramienta que detenga los casos de violencia.  Ni el Indec ni el Consejo Nacional de Mujeres, ni el Ministerio de Seguridad ni ningún otro organismo público se responsabiliza por medir la cantidad de femicidios.

Porque el origen de la violencia es el régimen social. El asesinato de mujeres está inscripto en un régimen en el que prolifera el abuso sexual, las redes de trata, la prostitución infantil y el proxenetismo amparado y en muchos casos organizado desde el estado (Viedma, Concordia, El Bordo, etc.). El femicidio es el final de una cadena de violencias que nace de la coerción del estado para controlar el cuerpo de la mujer disponiendo de todos los mecanismos a su alcance para mantener esta sumisión. El mensaje de fondo es que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que si se atreven a hacerlo tendrán que pagar las consecuencias. La violencia contra la mujer es una forma de control social, el femicidio es su cara más extrema.

¿Qué pasa después del 3?
La bancada del Partido Obrero-Frente de Izquierda presentará en el Congreso de la Nación un proyecto que contempla algunos de los puntos (como la elaboración de estadísticas oficiales, la incorporación de la temática de violencia en las aulas y la demanda de que se asignen los recursos necesarios) como parte de un programa integral que parte del problema político fundamental de definir quién tendrá la responsabilidad de aplicar estas políticas.
 
Objetamos la capacidad de acción de un Ministerio de Igualdad de oportunidades subsumido a la lógica del Estado capitalista. Un organismo de estas características sería otro Consejo Nacional de Mujeres sujeto al gobierno de turno y que no podrá resolver ninguno de los eslabones de la violencia que azota a las mujeres con la complicidad del Estado

Nuestro proyecto plantea, entre otros puntos:
 
• centros de atención gratuita en cada uno de los barrios de los 24 distritos del país, atendido las 24 horas por un equipo multidisciplinario de planta permanente;
 
• subsidio extraordinario a la mujer víctima de la violencia de género equivalente a la canasta familiar. Trabajo estable y en blanco. Que el Estado reserve el 3% de su plantel a mujeres en situación de violencia;
 
• casas-refugio de carácter transitorio. Una cada 20.000 habitantes. Asignación del 7% del Presupuesto Nacional de Viviendas a viviendas para grupos familiares en riesgo por violencia de género;
 
• jardines maternales en los lugares de trabajo y estudio o su equivalente dinerario;
 
• cumplimiento de la licencia de género en el marco de la ley de Contrato de Trabajo;
 
• prohibición a las mutuales y obras sociales de dar de baja su cobertura a la mujer y el grupo familiar víctima de la violencia de género.

 
* María Maldonado es Pre-Candidata a 1ª concejal por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores

 

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