A través de un comunicado que lleva las firmas de Miguel Verón y Claudia Repetto, quienes son respectivamente secretario general y adjunta de la CTA Regional 13, desde esa entidad que nuclea a trabajadores de varias ciudades de la zona como Mercedes, Lujan, San Andrés de Giles, Suipacha y General Rodríguez, se manifestaron en contra de los tarifazos y remarcaron el “continuo empobrecimiento” de la clase media en el país.

“Oportunamente nos hemos manifestado ya que a través de los medios de comunicación, como en actividades concretas, como paros, movilizaciones como la del  29/4 y 26/5 a CABA, en apoyo a la sanción de una Ley de Emergencia Ocupacional y rechazo al veto de Mauricio Macri, en el que participaron miles de trabajadores denunciando la grave situación que estamos pasando tanto los trabajadores formales e informales, como también los precarizados y el pueblo en general”, sostienen.

“Hay datos de encuestadoras, CIFRA de la CTA e INDEC, que reflejan los valores de indigencia de por más del 5% de la población, la pobreza que supera el 30%. La caída del salario real es de 10% sector público y más del 11% en la actividad privada, en el primer cuatrimestre y una inflación anualizada de más del 40%. La consultora Tendencia económica calculó que los despidos a mayo/16 son de 154.570 y los trabajadores suspendidos 47.933, y que después del veto de Macri se produjeron 15.760 más”, agregan.

“La mayoría de los argentinos cambió de hábitos de consumo, por el ejemplo 89% de los sectores pobres, el 72 % de la clase media y 62% de la clase alta, un dato este sector por primera vez va al mercado central a realizar compras comunitarias. Bajaron en forma abrupta el consumo de los productos de la canasta familiar en especial la leche y sus derivados, con las graves consecuencia que esto conlleva, y aumento en consumo de pastas, en detrimentos de las carnes, en especial la vacuna, proveedoras de proteínas”, afirman.

“Hoy la mayoría del pueblo dejó de realizar sus compras en las cadenas de supermercados, que estas cadenas son los “formadores de precios”, que realizaron en los meses de octubre /noviembre del 2015 una brutal alza de precios que disparó la inflación y pulverizó los salarios. Antes lo hacían por mes o semanalmente, ahora lo hacen diariamente. En la actualidad se lo hace en almacenes del barrio, mercados chinos o en mayoristas o compras comunitarias y familiares en el mercado central. Otro dato importante es que más del 40% se pasó a las segundas marcas o sin marcas, no por elección sino por necesidad de subsistir”, puntualizan.

“También bajaron las ventas de electrodomésticos y artículos blancos, como consecuencia de la apertura indiscriminada de la importación en detrimento de la industria nacional, de la mediana y pequeña empresa”, remarcan.

“Además de los hábitos de traslado para ir a trabajar, ya que aumentó el 60% la venta de tarjeta SUBE, y es indudable que gente que se movilizaba en su automóvil lo hace por medio de transporte público, o lo hacen a través de las populares combis. Que los sectores de menores recursos en tramos cortos lo hacen a pie, para evitar tomar bondi o subte. Todo esto agravado por la suba de los combustibles que en dólares los más altos de América latina de más de 4,5, esto elevó exponencialmente las tarifas de luz y gas a valores que van de 800% a más de 1.000%, que llevó a la población a recurrir a la justicia por medio de “recursos de amparo” que gracias a la sensibilidad de algunos jueces que resolvieron a favor, por no cumplir con los requisitos establecidos por Ley para el aumento de tarifas (por ejemplo el juez Arias en la provincia de Buenos Aires, en algunos casos acompañados por gobernadores e intendentes caso Bariloche y Matanza).

“La CTA Regional Mercedes recomienda no pagar las tarifas con los nuevos aumentos, sino esperar a que lleguen las nuevas con la modificación que estableció el juez en lo Contencioso Administrativo Federal José L. Arias en su fallo. Hacemos esta recomendación porque el ministro Marcos Peña Braun dijo públicamente que hay que pagar y que luego cuando las empresas envíen las facturas corregidas, la empresa le extenderá una nota de crédito. Se ve que el ministro no tiene problema económico y parece más un vocero de las empresas privatizadas de los servicios públicos. Por último el OCEBA de provincia de Buenos Aires instruyó a las empresas de energía a rehacer las facturas con valores anteriores. Por esto no paguemos hasta que desde la empresa nos envíen las nuevas facturas corregidas de acuerdo al fallo judicial”, completan y remarcan el rechazo  al veto de Macri de la ley de emergencia ocupacional y su postura “contra el ajuste, los tarifazos, los despidos y la represión”.

 

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