El diputado nacional Carlos Selva, del Frente Renovador, fue uno de los legisladores que estuvo en el día de hoy reclamando y buscando respuestas en la Comisión de Defensa al Consumidor, donde se citó al interventor de ENARGAS, David Tezanos González, para que informe sobre el gran tarifazo que hizo el Estado Nacional. En ese contexto, la oposición le reprochó al Gobierno no haber realizado audiencias públicas por los tarifazos.

Diputados de la oposición acusaron este martes al Gobierno de haber evitado realizar audiencias públicas como instancia previa a los aumentos de tarifas, y exigieron conocer sobre qué base el Ministerio de Energía fijó esos incrementos, aunque se llevaron pocas respuestas.

Fue durante una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, donde el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David Tezanos González, afrontó las críticas de los legisladores.

El funcionario, que renunció a METROGAS en enero para asumir en el ENARGAS, informó que el “objetivo claro” en este proceso de transición es el de “hacer una revisión tarifaria integral con las licenciatarias”, pero aclaró que “las tarifas tienen que reparar las inversiones” realizadas por las compañías.

González señaló además que si se demora el fallo de la Corte Suprema -previsto para este mes- sobre los planteos judiciales que suspendieron los aumentos de tarifas, el ENARGAS pedirá instrucciones al Ministerio de Energía.

Pero, en uno de los pasajes más cuestionados, sostuvo que “la audiencia pública es una herramienta que tiene el regulador para tomar la mejor decisión”, y agregó que este mecanismo “en estas circunstancias se justificaba después de tener cierta información, y no antes”.

De inmediato le salió al cruce la presidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente Renovador), quien aclaró que “ahora falta que la Corte decida, pero la Justicia ya falló”, por lo cual las audiencias públicas por el gas, previstas recién para octubre, “se deben realizar”.

En el mismo sentido, el entrerriano Julio Solanas (FpV) acusó a González de “soslayar gravísimamente la Constitución Nacional”, en particular el artículo 42, que es el referido a los derechos de usuarios y consumidores.

“Han jugado con los ciudadanos, no han respetado la Constitución, no han realizado audiencias y además han provocado la zozobra no sólo de los usuarios, sino de las empresas”, cuestionó el diputado.

Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, consideró que “la audiencia pública no es una herramienta para la regulación”, sino que “es un mecanismo de participación”, y de igual manera se expresó un oficialista, el salteño Guillermo Durand Cornejo: “No es una herramienta para ustedes, es para el usuario”.

En su defensa, el funcionario intentó dar marcha atrás. “No estamos en contra de las audiencias públicas”, dijo, y añadió que ese mecanismo “no es para tarifas que ya se aplicaron, sino que es para tarifas que van a aplicarse”.

Las críticas más duras vinieron de la jefa del bloque massista, Gabriela Camaño, quien apuntó a los costos de producción del gas. “Usted mismo dijo ‘hemos fijado una tarifa’, pero ¿sobre qué base han fijado esa tarifa?”, inquirió.

Camaño advirtió que “las empresas del sector llevan 12 años de gobierno con subsidios”, por lo que “la gran responsabilidad de este conflicto fueron 12 años que nos dejaron en un default energético”, aunque el gobierno de Mauricio Macri “también hizo algo que no correspondía”.

Por el Frente de Izquierda, Pablo López también pidió saber “qué hicieron las empresas con la enorme cantidad de subsidios que recibieron del Estado nacional”, y reclamó que abran sus libros contables.

González respondió entonces que “no hubo ningún subsidio a una empresa distribuidora de gas en Argentina”, y se desligó de muchas de las preguntas, que derivó al Ministerio que conduce Juan José Aranguren.

Asimismo, el funcionario aclaró, ante una preocupación de Kosiner, que “no va a haber ningún corte de servicio de estas empresas hasta que se resuelva el tema en la Justicia o a través del Ministerio”.

Sobre la tarifa social, explicó que “el ENARGAS tenía un procedimiento de otorgamiento de este beneficio previo a la resolución del Ministerio, y esos usuarios que estaban incorporados extendieron el beneficio hasta la revisión tarifaria integral”.

Finalmente, ante una consulta punzante de Schwindt, aseguró que “sí se puede” hacer una revisión tarifaria integral en tres meses, hasta el momento de las audiencias.

 

 

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