En una medida que está siendo más que discutida en el ámbito educativo, se pretende la descentralización del Servicio Alimentario Escolar, algo que es cuestionado desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Tal cual informó Hugo Bonafina, secretario general del gremio en la regional Mercedes, este sentó posición ante el denominado “Plan de mejora del Servicio Alimentario Escolar” anunciado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

“El anuncio se suma a la serie de decisiones de gobierno inconsultas, a pesar de las advertencias y consultas efectuadas por nuestra organización ante autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Social, responsables del sostenimiento y la transferencia de fondos a los Consejos Escolares para el SAE”, indicaron desde ATE.

“La municipalización del SAE, por más que se trate de una prueba piloto, no resuelve los problemas estructurales del funcionamiento de los comedores escolares en las escuelas y la situación socioambiental en los barrios. La fundamentación del gobierno sobre que “sólo el 31% de los desayunos contaron con la presencia de leche o yogurt”, que “un 33% de las escuelas relevadas no tiene agua de red en la cocina y 56% no tiene red cloacal y desagües, ni un lugar de uso exclusivo para comer” o que “el 61% de los establecimientos relevados carece de utensillos necesarios para comer y el 98% no cumple con un programa de capacitación para el personal de la cocina ni con los controles sanitarios y bromatológicos”, son datos que los trabajadores de la Educación venimos denunciando desde hace años y reclamando a los gobiernos una solución para la designación y capacitación de trabajadores, incremento de los valores de cupos o sobre cantidad, calidad y valor nutricional de los alimentos”, remarcaron.

Según ATE, “si la cuestión es que “a través de la auditoria” detectaron “que en algunos casos, las contrataciones no se ajustaban a la normativa vigente, los legajos estaban incompletos y los pagos estaban hechos sin facturas o con facturas que no cumplían los requisitos formales”, no es transfiriendo los fondos a las Municipalidades que se resuelve sino accionado los órganos de control, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas o la propia administración provincial.

Para los estatales enrolados en ATE, además, la medida es de dudosa legalidad constitucional cuando la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su art. 203 que la administración de los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, estará a cargo de los Consejos Escolares, como así también en la Ley Provincial de Educación en el artículo 147. Así lo mismo, el artículo 246 del Reglamento General de Instituciones Educativas dice el Servicio Alimentario Escolar son responsabilidad de los organismos provinciales específicos, ergo la Dirección de Escuelas y el Ministerio de Desarrollo Social.

“Por tanto, con este Plan se le otorgará a los Intendentes un poder inusitado con consecuencias imprevisibles para los derechos de los trabajadores auxiliares de la Educación que se desempeñan en los comedores escolares sin quedar establecido con claridad como articularán las autoridades educativas en el territorio (Jefes Regionales, Jefes Distritales y Consejos Escolares) con los Intendentes”, explican desde ATE.

“Estamos convencidos de que el Plan denota la visión política e ideológica del gobierno provincial. Así como en los años noventa, con la profundización del neoliberalismo luego de 1976, se transfirió desde la Nación a las provincias los establecimientos educativos dejando atrás la indelegable responsabilidad del Estado de hacerse cargo de la Educación Pública y su financiamiento. Ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con la espalda del voto popular y de la desastrosa gestión de Daniel Scioli, avanza en la descentralización hacia los municipios de responsabilidades consagradas constitucionalmente y que pone en riesgo las conquistas logradas por los trabajadores”, completan y cuestionan que el riesgo cierto es que, luego de la prueba piloto en los 12 municipios, se plantee la tercerización y/o privatización.

 

 

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