El ex intendente de Mercedes y actual diputado nacional Carlos Selva fue parte de la reunión de la Comisión de Comunicaciones en la que el ministro Oscar Aguad fue a dar explicaciones sobre la polémica situación del Correo y la familia Macri, en la que aseguró, entre otros términos: “No le vamos a perdonar un peso de capital”.

El ministro de Comunicaciones se presentó tal cual estaba previsto ante la Comisión de Comunicaciones de Diputados, donde fue vapuleado por la oposición. Y uno de los partícipes fue el diputado de origen mercedino que milita en el Frente Renovador y es parte del bloque UNA.

Aguad aseguró que el regreso del acuerdo a “foja cero” es “una metáfora” y denunció que “la causa tiene una enorme secuela de complicidades”. Hizo críticas a la gestión kirchnerista y a la procuradora Gils Carbó.
        
“La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital”. Con esa frase, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, intentó defenderse de las sucesivas críticas que la oposición le planteó este martes en la Cámara de Diputados, a la espera de una nueva audiencia con el Estado.

Aguad expuso durante casi cuatro horas ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, donde denunció que el proceso que culminó en el acuerdo “tiene una enorme secuela de complicidades”, a la vez que calificó como “extravagante” el dictamen que desató el escándalo.

“Estamos tratando de buscar más transparencia. Veremos si el nuevo acuerdo puede mejorar la situación actual, y veremos si en todo caso la solución es la quiebra. Yo prefiero creer que la solución es que algo le paguen al Estado, porque es lo que le debe”, explicó el funcionario en la comisión presidida por el delasotista Juan Brugge.

Aguad asistió al Anexo C de la Cámara de Diputados junto al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, y el secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación, Héctor Huici. Intentó mostrarse sólido, pero no pudo esquivar los dardos de la oposición.

Las preguntas más punzantes fueron las del ex gobernador bonaerense Felipe Solá (Frente Renovador), quien consultó si “existen intereses contrapuestos entre las partes intervinientes” y “cuáles serán los mecanismos para deshacer un acuerdo que el Estado ya firmó”.

“Lo de ‘foja cero’ lo tomamos como una metáfora, que es anular el acuerdo”, aclaró Aguad sobre la orden que dio el presidente Mauricio Macri, y puntualizó: “Hemos pedido la caducidad para que luego se declare la prescripción de la acción. Creo que eso demuestra nuestra intención”.

Al hacer un repaso del proceso, denunció que “la causa tiene una enorme secuela de complicidades, que van desde funcionarios que debieron activar el crédito para cobrarlo, hasta funcionarios judiciales que tenían la obligación de cuidar el patrimonio público y no lo hicieron”.

Además, no perdió la oportunidad de recordar que “este conflicto se desarrolló de inicio a fin en la época kirchnerista, en la llamada década ganada, entre 2003 y 2015”.

Por el Frente para la Victoria-PJ le salió al cruce el diputado Martín Doñate, quien alertó que el del Correo es “el punto más alto de incompatibilidades y negocios oscuros” del gobierno macrista, que “es beneficiado con un regalito de 70 mil millones de pesos” que implican el perdón del 98,2% de la deuda.

El rionegrino se refirió directamente a Aguad. “Admiro la desvergüenza con la que pretende defender este delito. Decir que vuelve a ‘foja cero’ no sólo es admitir el delito, sino que ratifica que el presidente sabía y que lo utiliza a usted y a Mocoroa para robarle 70 mil millones a los argentinos”, asestó.

En otro tramo de la reunión, ante una pregunta de Graciela Cousinet (Libres del Sur), el ministro aclaró: “Yo jamás dije que el presidente no conocía; yo dije que nunca hablé con el presidente de este tema”. “Es muy probable que el presidente haya sabido –admitió–, pero nunca habló conmigo”.

Por si quedaban dudas sobre el rol de Macri en la condonación de la deuda, el ex diputado radical señaló que el jefe de Estado “no se puede interesar por un juicio donde está involucrada su familia, porque lo prohíbe la ley”.

Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) se quejó de que Aguad no haya sido sometido a una interpelación en el recinto. Coincidió en ello el titular del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, quien sugirió: “Si estaban convencidos de la bondad del acuerdo, ¿para qué retroceder? ¿Por qué no lo vieron antes?”.

Por Cambiemos, Fernando Sánchez defendió la resolución que el gobierno de Macri le está dando al tema, al apuntar que “no hay antecedentes de algún abogado del Estado que le pida la caducidad de instancia a una empresa”.

A su vez, el radical Luis Petri se refirió al delito de conflicto de intereses, que se le imputa al presidente. “¿Qué pasaba cuando Néstor Kirchner compraba tierras fiscales a 7,50 pesos el metro, y compró más de 200 mil metros en la Patagonia? ¿O cuando compraba 2 millones de dólares con información privilegiada y confidencial?”, retrucó, entre aplausos del oficialismo.

Cómo fueron los hechos
A modo de introducción, Aguad recordó que “este problema nació en la década del ’90, con la privatización del Correo, y derivó en un concurso de acreedores en 2001, cuando la empresa Correo Argentino S.A. entró en crisis”.

Fue entonces cuando, en 2003, el expresidente Néstor Kirchner dictó un decreto y estatizó la empresa, que a fines de ese año fue declarada en quiebra por el juez de la causa.

Según precisó el ministro de Comunicaciones, la deuda generada al momento de la quiebra fue valuada en 296 millones de pesos, y el Estado representaba el 30% de la masa de acreedores –unos 600 en total, que verificaron “cerca de 700 millones de pesos”–.

“Pasaron 12 años hasta 2015 –continuó el relato de Aguad–, es decir que este conflicto se desarrolló de inicio a fin en la época kirchnerista, en la llamada década ganada, entre 2003 y 2015”.

Sucedió entonces que “aquella deuda que en 2003 eran 296 millones, en 2015 sólo representaba el 10% del capital”, ya que “la moneda se había depreciado en un 90%”, detalló el ministro, para concluir que “esta gestión heredó ese problema”.

Frente a ese panorama, Aguad sostuvo que “no había muchas alternativas”: “Las opciones eran seguir haciendo lo que se hizo durante 10 años, es decir, simulacros de audiencia en el Juzgado; pedir la quiebra de la empresa, pero tampoco íbamos a cobrar nada; o intentar cobrar el 10% que quedaba”.

“Hicimos lo que pudimos”, indicó Aguad, aunque reconoció que “obviamente hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”.

Relató que, al momento de la audiencia en la Cámara Nacional en lo Comercial, él mismo “dio instrucciones precisas al director del área jurídica del Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, sobre qué era lo mínimo que podíamos aceptar; por lo pronto, no podíamos aceptar ninguna quita de capital”.

Así “se llegó a un acuerdo que significan 15 cuotas anuales –desde 2018 a 2033- con un interés del 7%”, un arreglo que fue objetado por la fiscal Gabriela Boquín, quien lo calificó de “abusivo” para las arcas del Estado.

Aguad denunció que ese dictamen “no tiene nada que ver con los hechos” y lo definió como un “cálculo económico extravagante que habla de una deuda de 70 mil millones de pesos”, una cifra que no podría ser posible “si en 2001 la deuda era de 296 millones”.

El funcionario advirtió además que la actual procuradora general, Alejandra Gils Carbó, ocupó el cargo que hoy ocupa Boquín ante la Cámara Comercial, y que “ninguna tuvo ninguna actuación para que el Estado pudiera cobrar el crédito”.

“Esta causa tiene una enorme secuela de complicidades, que van desde funcionarios que debieron activar el crédito para cobrarlo, hasta funcionarios judiciales que tenían la obligación de cuidar el patrimonio público y no lo hicieron”, acusó Aguad en tono enérgico, y concluyó que “no debe haber antecedentes de un concurso que dure 15 años”.

Cómo sigue
El ministro informó que la Cámara Nacional en lo Comercial “fijó una nueva audiencia” para intentar llegar a un nuevo acuerdo, y dio su pronóstico: “Yo lo veo difícil y siempre está latente el nuevo pedido de quiebra, pero la quiebra no soluciona el problema, porque la empresa no tiene bienes y es probable que el Estado no cobre un peso”. La nueva audiencia se celebrará el próximo 16 de marzo.

 

 

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