Si bien se ha escuchado que están convocados los docentes a una nueva reunión paritaria, la gremialista Silvia Gandolfi aclaró en principio que no hay convocatoria oficial alguna de momento. Y si bien hay un bombardeo de noticias, el paro sigue firme, al igual que el registro voluntario que hace el gobierno para quienes quieran presentarse, algo que desde las Unión de Educadores Bonaerense reafirman es ilegal, no solo en la propuesta del gobierno de la provincia sino para las personas que sean parte.

“Esta situación a la que no ha llevado el gobierno es escandalosa. No amerita un análisis de racionalidad, mas allá de las normas que omiten cumplir y en las que hacen caer a las personas que se prenden en esto de ser voluntarios en la ilegalidad. Desde el momento en que pisan la escuela hasta que salen les cae todo el rigor de la ley por el cuidado a los menores de edad, por ejemplo. Si se incurre en algún error o alguna omisión, a nosotros nos docentes nos cabe la de la ley, un proceso administrativo o penal. Y a quienes se inscriben como voluntarios también. Esto se toma con mucha liviandad, por sumarse a algo irracional, ya que el gobierno no ha querido solucionar esto. Esto es un salvavidas por un lado y por otro es decirle a la sociedad que los docentes son los malos, los que requieren más de lo que les corresponde, los que dejan a los niños en la calle y sin educación, cuando el gobierno no llama a paritarias, no cumple la ley y está obligado a hacerlo”, indicó la secretaria gremial de la UEB, entidad de base adherida a la Federación de Educadores Bonaerenses.

“La ciudadanía debe interpretar que hay un achique en educación, y la educación es inversión. Lo mismo que sucede a nivel nacional se refleja en el ámbito provincial, y el conflicto se agudizó por esta postura irreflexiva e inflexible de ambos gobiernos. Yo trabajo en la docencia desde el 76, con gobiernos democráticos y no democráticos, creo que esto ha superado todo lo vivido y lo imaginado alguna vez con esto de los voluntarios. Esto habla de una descalificación a los dirigentes sindicales, a los docentes, un desprecio por mejorar la educación y tratar de que todo cierre pero en plata. Hacen política para un mercado, no para mejorar las condiciones de las personas”, cuestionó.

“Los trabajos menores de las instituciones en los distritos se solventan con el Fondo Educativo que llega a la Municipalidad. Si lo vemos con el protocolo en cuanto a la habilitación, un 60 por ciento de los edificios no están en condiciones para albergar alumnos. Pero se va a trabajar igual, se saca plata del bolsillo del docente para pinturas, telas, vidrios. Ese sostén debería hacerlo el Estado y no los profesionales docentes. El atropello de la gobernadora y su equipo y las mentiras que salen por los medios se destruyen con la realidad, y esto la ciudadanía lo tiene que saber, y lo tiene que asumir, porque es la educación la que está en juego”

En este contexto es claro que de lo que se deja de hablar es de las condiciones laborales, las condiciones edilicias, y de cuál es en realidad del sueldo medio de un docente y qué tan abajo esta de la canasta familiar. “Ellos fueron tajantes en su discurso de que dijeron que iban a conversar sólo de salarios con los gremios, por lo que de condiciones laborales e infraestructura, salud laboral docente y otros temas no se habla. Son cuestiones a las que obvian y deberían estar en mesas técnicas paritarias. No las han convocado en 2016 ni en 2017. Y con respecto al 18 por ciento debemos ser realistas en decir que cerramos una paritaria el año pasado aceptando el 34.6 por ciento para 2016 con una cláusula gatillo de monitoreo de inflación, que superó el 34 por ciento, y lo que exigimos es recuperar entre un 8 y un 10 por ciento de poder adquisitivo mas una perspectiva mínima de inflación del 25 por ciento. Por lo que llegaríamos a un 35 por ciento de recuperación del salario. Y no dejamos de lado que muchos docentes están cobrando garantía para llegar al piso de sueldo inicial. Nuestro básico es de 4.240 pesos, mas las bonificaciones y la antigüedad, muchos no llegan a los 9.800 pesos que es el piso inicial y necesitan garantía. Eso se paga en negro y no se analiza ni se le dice a la gente. El salario de un preceptor con el máximo de antigüedad es 9.700 pesos en bolsillo y esa es la realidad”, agregó la gremialista.

Además Gandolfi señaló otro detalle importante que es que no se hace cargo de infraestructura el gobierno, ya que en 2016 no hubo obras grandes y solo mejoramiento de edificios. “Los trabajos menores de las instituciones en los distritos se solventan con el Fondo Educativo que llega a la Municipalidad. Si lo vemos con el protocolo en cuanto a la habilitación, un 60 por ciento de los edificios no están en condiciones para albergar alumnos. Pero se va a trabajar igual, se saca plata del bolsillo del docente para pinturas, telas, vidrios. Ese sostén debería hacerlo el Estado y no los profesionales docentes. El atropello de la gobernadora y su equipo y las mentiras que salen por los medios se destruyen con la realidad, y esto la ciudadanía lo tiene que saber, y lo tiene que asumir, porque es la educación la que está en juego”, dijo.

“El paro se lo estamos haciendo al gobierno, nuestro empleador, y no a los padres. Estos padres deben entender que calidad educativa quieren para sus hijos”, completó la mujer.

 

 

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