A través de un comunicado de prensa, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la situación de los detenidos en las cárceles y comisarías de nuestra provincia, expresó a la opinión pública algunas consideraciones.
 
“Es extremadamente grave y urgente la situación de los detenidos en penales y comisarías de nuestra provincia. La dolorosa presencia de lo ocurrido en Pergamino debe servir para activar las soluciones de fondo, que vienen siendo postergadas desde hace demasiado tiempo”, sostienen.

“Los penales de nuestra jurisdicción están colapsados, con situaciones de hacinamiento que afectan la dignidad para quienes se encuentran allí alojados. En el mismo sentido, desde hace años viene tratándose la existencia de personas presas en comisarías, con reiteradas iniciativas de los sucesivos poderes ejecutivos, que no han logrado poner fin a esa realidad”, agregan.

“Los jueces tenemos una doble responsabilidad que es correlativa: aplicar las sanciones que prevé la ley para que no haya delitos impunes y proteger la vida y la dignidad de los ciudadanos que mandamos detener. Se dificulta cumplir con ambas obligaciones por la disponibilidad infraestructural de la provincia de Buenos Aires: si mandamos clausurar los penales y las comisarías que no reúnen las condiciones adecuadas, esas personas quedarían en libertad; si no los clausuramos asumimos que sus vidas y su salud estén en riesgo, circunstancia respecto de la cual el Estado tiene responsabilidad moral y patrimonial”

“Los jueces tenemos una doble responsabilidad que es correlativa: aplicar las sanciones que prevé la ley para que no haya delitos impunes y proteger la vida y la dignidad de los ciudadanos que mandamos detener. Se dificulta cumplir con ambas obligaciones por la disponibilidad infraestructural de la provincia de Buenos Aires: si mandamos clausurar los penales y las comisarías que no reúnen las condiciones adecuadas, esas personas quedarían en libertad; si no los clausuramos asumimos que sus vidas y su salud estén en riesgo, circunstancia respecto de la cual el Estado tiene responsabilidad moral y patrimonial. Hemos elevado incontables pedidos, exhortaciones y reclamos a los Poderes Ejecutivos y a la Suprema Corte, sin que esta situación se resuelva”, indican desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

“Hacemos pública esta situación para que los ciudadanos la conozcan, porque este no es un “tema de los jueces”. Este es un problema de nuestra provincia, que nos afecta a todos y estamos convencidos de que es la sociedad quien debe exigir las soluciones, pues las decisiones que adoptemos serán insatisfactorias para quienes consideran que “nadie va preso”, si actuamos en un sentido; o que se están convalidando situaciones que vulneran derechos humanos, si lo hacemos en el sentido opuesto”, esgrimen.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ratifica su vocación de trabajar con los tres poderes del Estado y con la sociedad civil para garantizar los derechos y las garantías constitucionales de nuestros conciudadanos”, completan.

 

 

 

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