Efectivos del Comando de Patrulla Rural (CPR) de Mercedes, tras ser alertados por vecinos de Altamira, impidieron ayer lunes 23 la pulverización irregular de un agrotóxico en un campo del Cuartel VIII. En este contexto se labró infracción a una ordenanza municipal, dado que se estaban infringiendo varios articulos de la número 6998.

Cerca del mediodía, el CPR fue notificado de que el conductor de un tractor con trailer y tanque sin identificación comenzaba a verter herbicidas tóxicos. Minutos después, el teniente César Aguirre constató que el aplicador no contaba con los papeles exigidos en la Ordenanza 6998/11: receta firmada por Ingeniero Agrónomo y Certificado de inscripción en el Registro Municipal de Aplicadores de Agroquímicos.

Tampoco se había dado aviso a los vecinos lindantes con 48 horas de anticipación tal como indica la ordenanza. Según el aplicador, el contenido del tanque consistia en una combinación de Glifosato (N-fosfonometil-glycina) y el producto 2-4-D (ácido 2,4 - diclorofenoxiacético), cuyos efectos pueden ser muy tóxicos tanto en animales como en humanos afectando el sistema nervioso, inmunológico y reproductor.

“Llamó un vecino porque estaban fumigando un campo de maíz al lado de su quinta y que el viento hacía llegar el producto y les provocaba malestar y tos y se sentía un olor muy fuerte”, explicó Aguirre a NOTICIASMERCEDINAS.COM e informó que se labró una contravención. “A lo mejor fue a raíz de desconocimiento del productor”, consideró el oficial.

El ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, firmó el 20 de diciembre de 2016 la resolución a través de la cual se restringe en todo el territorio provincial el uso del herbicida ácido 2,4-D, en sus formulaciones ésteres butílicos e isobutílicos, durante el período comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de marzo de cada campaña productiva.

La medida adoptada comenzó a regir a partir del 1° de octubre del 2017, luego de un período de comunicación de la medida a los productores que utilizan estos productos. Sarquís indicó que se trata de una decisión “tendiente a generar las condiciones para una producción más sustentable”.

 

 

 

 

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