El lunes comienzan las audiencias en el Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes. Los imputados pertenecen al grupo “Rama negra”, cuyos integrantes trabajan terrenos de la antigua Parada Alastuey. 
Los días lunes 3 y martes 4, desde las 9.30 horas, se realizarán las audiencias del juicio oral y público en el que se imputa a cuatro productores agroecológicos la “usurpación” de un campo ubicado en la antigua Parada Alastuey del Ferrocarril Urquiza, cercana a Carlos Keen.
El Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes, ubicado en calles 28 y 25, deberá decidir en una causa que incluyó un fallido desalojo ocurrido en marzo de 2016, que había sido dictado por el Juzgado de Garantías N° 3.
Los jóvenes procesados pertenecen al grupo “Rama negra”, que impulsa en el lugar al que llamaron Parada Libertad, un proyecto de producción rural y colectiva destinado a la cría de ovejas, vacas, chanchos, gallinas ponedoras y huerta agroecológica.
“Entramos al campo a acompañar a Fidel Riffo, a quien conocíamos y que era hostigado por Juan Héctor Galetto, quien dice ser el dueño pero no tiene ningún papel”, contó a NOTICIASMERCEDINAS.COM una de las integrantes de la organización, Amparo Urcelay.
Riffo –un hombre mayor- vive allí desde hace más de 20 años y en los últimos cinco junto a los jóvenes de “Rama negra” participó de las mejoras en el lugar como la construcción de una vivienda y la instalación de corrales para los animales.
En junio de 2017, contó Urcelay, cuatro personas que simularon ser tres policías y un fiscal, a quienes luego se sumaron Galetto y su abogado, nuevamente intentaron echarlos del campo, esta vez “a punta de pistola”.
“Actuaron de forma mafiosa, nos levantaron con un fierro en la cabeza y nos tuvieron dos horas sin poder movernos”, indicó. Por este hecho, explicó Urcelay, se abrió otra causa judicial “por privación ilegítima de la libertad, posesión de arma de fuego e irrupción de domicilio”.
“Rama negra” forma parte de un colectivo más amplio, “Orillerxs”, que promueve la producción agroecológica en diferentes zonas rurales de Luján y San Andrés de Giles. “Las tierras quieren ser arrebatadas para el negocio inmobiliario y la producción de soja”, dicen.
