Hace una semana que el pueblo chileno permanece en la calle reclamando condiciones de vida dignas, de las que ha sido despojado desde hace ya varios lustros por gobiernos inescrupulosos de todo el espectro político del país. Gobiernos que no han hecho más que apropiarse de su esfuerzo y hasta sus más legítimas ilusiones, poniéndolos al servicio de un modelo que beneficia a una pequeña minoría, que no sólo se ha apropiado de todo, sino que además les reclama su adoración.
La descriptiva frase pronunciada por la mujer de Piñera, “invasión alienígena”, pone de manifiesto con claridad qué es lo que piensa la elite gobernante de los gobernados en Chile. No los conocen, no empatizan con ellos, no los quieren, los usan. Pero allí están, haciendo sentir su atronadora protesta ante tanta injusticia, desamparo y sufrimiento. Esta vez, van a tener que “escucharlos” y accionar en consecuencia, sólo escuchar no va a ser suficiente.
Los que gobiernan deberían asumir un acto de grandeza, si es que se les considera dignos de pedirles algo así. A todos, a los que gobiernan y a la oposición: crear las condiciones necesarias para que el pueblo chileno se exprese directamente sobre qué es lo que necesitan y quieren para ellos y para el futuro de sus hijos y su país. A esta altura ha quedado demostrado que la clase política ya no los representa. Muertos de miedo, han adoptado la conducta del avestruz. Hasta ahora, Piñera ha ofrecido algo de dinero. Más aún, de la manera que lo ha hecho, es asimilable más a una concesión graciosa de los poderosos, que a reconocer derechos legítimos de los ciudadanos, cuestión que va mucho más allá de unos pocos pesos, de por sí mezquinos y que no abastecen el umbral de los reclamos.
Es imperativo empezar por crear las condiciones necesarias para que el pueblo se exprese directa y libremente sobre los problemas inmediatos y a futuro; garantizar el espacio donde estén contenidas las expresiones genuinas de los afectados, con pautas de acción claras para la consecución de los fines deseados, que perfectamente podría ser un cabildo abierto. Esto libraría a los actuales gobernantes de pasar a la historia como verdaderos ineptos que no asumieron las dignidades que su pueblo oportunamente les entregó.
Por ahora no han hecho más que ejercer la brutalidad para aplacar la protesta. Han utilizado la policía militarizada para contener el descontento, bajo el pretexto de cuidar a la ciudadanía. A la luz de los apaleos los manifestantes reclaman que no los cuiden tanto.
Como todo aquello no fue suficiente decretaron un estado excepción y pusieron el ejército en la calle. Así siguieron con la golpiza e impusieron el terror. No fue suficiente, la protesta no se detuvo y pareció atizarse derivando en desmanes incontrolables y confusión.
El gobierno no quiere reconocer que el país está frente a un grave problema institucional, del que no será fácil salir, pero que deberá encarar con premura si es que verdaderamente desea la paz social.
La remanida democracia de la que tanto se habla, es ilusoria y no es injuria aseverar que la Constitución que rige al país fue elaborada por una de las dictaduras más fuertes que hubo en Sudamérica en los años 70, cuyos esbirros aún permanecen en el poder. Constitución a medida, que consagra la supremacía de los poderosos sobre los desposeídos, limitando derechos de igualdad ciudadana fundamentales, como son el acceso a la gratuidad de la educación pública, la salud, la libre asociación y participación ciudadana. Sin embargo, establece la obligatoriedad inexcusable de contribuir onerosamente al erario nacional.
Sólo la lucha los hará libres. Nunca más permitir la supremacía asfixiante de una minoría sobre la gran mayoría del pueblo chileno.