El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encomendó hoy, por decreto, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la conformación de una Mesa de Diálogo para el abordaje “de la problemática de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad”.
La medida refiere a los detenidos alojados en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPB) y determina que la Mesa Interinstitucional estará conformada al menos por representantes de los tres poderes del Estado.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá convocar a participar de la Mesa de Diálogo a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder”, indica en su artículo Segundo.
El decreto responde a la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires N° 3341 e inicia sus Considerandos recordando que “el artículo 18 de la Constitución Nacional, ya desde 1853, dispone que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella”.
“La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario» (Fallos, 318:2002), cita el decreto.
Declaraciones del ministro de Justicia
El ministro Alak brindó esta mañana declaraciones respecto a la conformación de la Mesa: «Pensamos que este jueves o viernes ya la comisión va a estar trabajando, va a elaborar un plan de trabajo, para que podamos seguir durante todo el mes de enero avanzando». explicó.
«Hemos recibido realmente una herencia tremenda, las cárceles bonaerenses tienen una capacidad aproximada para 23 mil personas y hoy hay 49 mil internos e internas, es decir que tenemos la sobrepoblación penitenciaria más alta de la Argentina”, indicó.
A su vez, el ministro recordó que Casación Penal de la provincia calificó, en un fallo hace dos meses, la situación que los internos viven en estos centros de detención como una «crisis humanitaria». Y dijo «Es una calificación de máxima preocupación que deviene de los tratados internacionales que Argentina ha asumido».
En cuanto a la estrategia de trabajo de la Mesa Interinstitucional de Diálogo el ministro explicó que en una primera instancia deben actualizar la información que han recibido, y luego comenzaran a analizar la situación global y también las sectoriales.
En una segunda instancia se relevará cuáles son las unidades que tienen mayor índice de población y se estudiará cuidadosamente las situaciones individuales de las personas que quedan en libertad.
«A partir de la resolución de la Corte de llegar a una Mesa de Diálogo, ha venido un proceso esperanzador, con levantamiento de medidas de fuerza, con levantamiento de huelgas de hambre en muchas unidades, aunque aún subsisten en un número importante de personas que con el correr de los días esperemos se vaya normalizando», explicó Alak sobre los sucesos de los últimos días.
Y agregó que «hay una posición firme de este gobierno de asumir el desafío que significa el problema de la provisión de alimentos y medicamentos y pensar medidas para su solución»
A continuación el Ministro se refirió al funcionamiento del Servicio Penitenciario y sus autoridades y dijo: «Nosotros hemos mantenido a las actuales autoridades hasta que esta crisis que está sufriendo el sistema, producto de una emergencia grave, se mantenga”.