El caso de la familia Odda que supo tener trascendencia en los medios nacionales y se sigue tanto en los estrados judiciales como en la atención de la opinión publica. Desde el comienzo desde este conflicto por tierra en Agote que comenzó con una presentación ante el Concejo Deliberante, se supo que no solo la familia Odda fue afectados por el dictado del decreto 338/2018, ya que en la justicia local se ventilan más de 5 causas donde se interponen pretensiones anulatorias de un decreto que –según los demandantes—“carece de legitimidad por estar dictado en base a hechos inexistentes y manifestaciones falaces”.
“La Municipalidad de Mercedes dice haber tenido posesión veinteañal sobre inmuebles que estaban en posesión de los vecinos que defienden sus derechos de propiedad legítima”, sostuvo la abogada Cristina Gottifredi. “Lo notable de esta situación es que semanas atrás los concejales del bloque opositor dan cuenta de la firma de un acuerdo enamando del Ejecutivo, donde particulares ceden los derechos posesorios al municipio a cambio de la regularización dominial. ¿Pero qué terrenos ceden y de qué derechos posesorios estamos hablando? Justamente de varias parcelas que también se encuentran incluidas en el llamado Decreto de prescripción administrativa, donde los cedentes no son otros que quienes demandaron al municipio ante el Contencioso Administrativo en idénticos términos que la familia Odda”, indicó la abogada.
En este sentido la profesional se pregunta por qué razón el municipio firmaría un convenio recibiendo la cesión de derechos posesorios, si por un decreto afirmaba que los tenía, y resalta que todo esto está en comisión de Legislación ante la mirada atenta de los concejales de todos los bloques.
“El municipio no solo sigue mintiendo usando inescrupulosamente artilugios legales para violar la verdad de los hechos, sino que hace creer a la población que salieron limpios y airosos de las acusaciones formuladas. Otra mentira más que será refutada a su debido tiempo con las pruebas y ante la justicia”, dijo.
Tras la última decisión judicial, la familia decidió redoblar la ofensiva. En primer término, apeló la medida del juez. Y en la apelación, la abogada de los herederos Cristina Gottifredi objetó varios puntos observados.