En los últimos cuatro meses de 2020, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires consiguió recuperar $1.712 millones a través del sistema de Fiscalización Remota (FIRE), que permite controlar de forma electrónica, y sin necesidad de recurrir a operativos presenciales, a los contribuyentes de Ingresos Brutos que registran inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Cristian Girard, director de ARBA, subrayó que “la masa de recursos recuperados muestra un crecimiento del 71%, si se compara con el último cuatrimestre de 2019, lo que refleja una notoria optimización de las herramientas de fiscalización, que no es ni más ni menos que el resultado lógico de las acciones que implementamos desde que asumimos, potenciando la fiscalización inteligente y explotando al máximo las innovaciones tecnológicas disponibles. Es lo que nos encomendó Kicillof, tener una Agencia de Recaudación eficiente y moderna que busque recaudar más y mejor, para construir una provincia más justa”.
Además, precisó que “lo recaudado corresponde a desvíos detectados y regularizados en la operatoria de más de 34.000 empresas”, y destacó que “cuando el sistema de Fiscalización Remota de ARBA evidenció que había inconsistencias en las declaraciones juradas de Ingresos Brutos, estos contribuyentes corrigieron su situación de manera espontánea”.
La mayor parte de los desvíos estaban relacionados con ventas que no habían sido declaradas ante el fisco bonaerense. El sistema de Fiscalización Remota detectó esas inconsistencias al comparar las declaraciones de Ingresos Brutos con otras fuentes de información, por ejemplo datos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o detalles de las transacciones electrónicas de los contribuyentes.
Cuando se detectan desvíos en ese tipo de cruce de datos o se verifica una aplicación incorrecta de alícuotas por parte de los contribuyentes y agentes de recaudación, o bien cuando se encuentran inconsistencias por pagos a cuenta declarados en exceso, el sistema remoto exhibe esas incongruencias y se las informa al contribuyente de manera automática.
Este seguimiento constante funciona sobre una plataforma web y tanto la publicación de inconsistencias e intimaciones como los descargos y actuaciones se realizan de manera electrónica, aportando agilidad y transparencia al sistema.
El objetivo es detectar desvíos en Ingresos Brutos y recuperar impuestos impagos, pero también mejorar el comportamiento fiscal de las y los contribuyentes y favorecer que puedan regularizar deudas sin necesidad de recurrir al cobro coactivo.
De hecho, según se desprende de un informe elaborado por la Subdirección Ejecutiva de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, en la actualidad el sistema de fiscalización digital posibilita recuperar de forma voluntaria, y sin recurrir a juicios de apremio, el 54% de la cartera de deuda que se genera por presunta omisión de impuesto, en su mayor parte debido a ingresos gravados sin declarar.
Girard explicó que desde que está al frente de ARBA, hace un año, “la gestión se enfocó en potenciar el perfil fiscalizador para que los contribuyentes tributen en función de su real capacidad contributiva, garantizando mayor progresividad y equidad”.
En ese sentido, especificó que “fortalecimos las herramientas de inteligencia y cruce de datos, y consolidamos todo el sistema de fiscalización digital, lo que nos permitió lograr avances en la reducción de la evasión y el incumplimiento, tal como lo reflejan los resultados positivos de los últimos meses”.
Las mejoras en la utilización de la herramienta que monitorea inconsistencias de Ingresos Brutos se observaron con claridad en octubre pasado, cuando con el sistema de fiscalización digital de ARBA se recuperaron más de $557 millones en un único mes, lo que supone un récord histórico en el uso del instrumento.
Girard recordó que “en este primer año de gestión, a la par del fortalecimiento de la fiscalización digital y presencial, nuestra labor en ARBA se orientó fundamentalmente, y en consonancia con los objetivos del gobierno provincial, a atender la crisis productiva, reducir la presión financiera sobre pymes, aumentar la progresividad tributaria, implementar beneficios para todos los sectores afectados por la pandemia y modernizar la atención al contribuyente con mejores servicios”.