La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) emitió un duro comunicado. «El Sistema Sanitario ya colapsó. También sus trabajadores», señalaron.
El Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa se expresó sobre la situación político sanitaria. «La comunicación oficial sobre la situación del sistema sanitario adolece de una severa confusión en los tiempos verbales. Al colapso, saturación o incapacidad de respuesta del sistema, que ya está ocurriendo, se lo sitúa en un impreciso futuro», indicaron al tiempo que señalaron que «ya hay un gran número de pacientes que aguardan su entrada a terapia intensiva en sala general, en las guardias o en los pasillos de los hospitales de todo el país, con medidas de soporte mínimas».
«Argentina ha pasado al frente en la tasa de contagios y mortalidad por millón de habitantes. Las terapias improvisadas en salas de guardia atendidas por el escaso personal disponible, el ritmo de vacunación insuficiente, el aumento de hasta el 1000% de los medicamentos básicos para sedar a los pacientes dan cuenta de que el Estado argentino en su conjunto (Nación, provincias y municipios) no ha sido capaz de dar una respuesta integral y eficaz a la llegada de la segunda ola. La ventana abierta con la baja de casos en el verano no fue aprovechada para reforzar el sistema. Se cerraron hospitales modulares y se dieron de baja trabajadores con contratos precarios», señalaron desde el Consejo Ejecutivo Nacional de Fesprosa.
Los planteos que dejaron sentados son los siguientes:
Restricciones e ingresos de los trabajadores
Fesprosa apoya la necesidad de adoptar las restricciones necesarias para evitar el aumento exponencial de la circulación viral. Señala con preocupación que las mismas deben estar acompañadas por una política de apoyo directo a los sectores populares que impidan la profundización de la crisis y el aumento de la pobreza. En 2020 aun con los paliativos del IFE y las ATP (que hoy no están vigentes) la pobreza trepó al 42% y la pobreza infantil al 63%. En tanto el salario real de los trabajadores activos y el ingreso de los jubilados sufrió en conjunto un deterioro anualizado mayor al 10%. La suba del mínimo no imponible de ganancias muestra que es justa nuestra consigna de “el salario no es ganancia”. Este aumento es un paliativo para un sector de trabajadores.
Los gobiernos impulsaron acuerdos paritarios, que tomaban como parámetro una inflación del 29% absolutamente ficticia. Es imprescindible la re convocatoria al Consejo del Salario y las paritarias para impedir la profundización del deterioro así como la instauración de un salario universal que garantice un piso de ingresos a toda la población. Esta fuerte e imprescindible intervención del estado deberá tener como fuente de recursos la renta extraordinaria derivada del aumento de los comodities y el producido por el impuesto a las grandes fortunas. La suspensión de los pagos y la investigación de la deuda externa es otro de los puntos en los que hay que avanzar si se pretende que la crisis no la sigamos pagando los sectores populares.
El personal de Salud
Los mensajes del Estado nacional, las provincias y los municipios para con el personal de salud han sido desalentadores. No ha habido una política de reparación de la deuda contraída en el 2020. Las propuestas paritarias donde las hubo o la decisión unilateral sobre la política salarial, han sido también en 2021 subinflacionarias. El bono estimulo de 19.500 pesos en tres cuotas con fecha de cobro aún incierta es un paliativo insuficiente. El agotamiento psicofísico y la falta de licencias es una realidad incontrastable. A pesar de ello no existe decisión política de dar mensajes claros de aliento a los trabajadores. No se convoca a una paritaria nacional de salud para debatir un piso de derechos, una política de ingresos y de desprecarización laboral para los 450.000 trabajadores de la salud pública, qué son el núcleo y el alma de la batalla contra la segunda ola.
Falta de cuidados y políticas de exclusión
Los trabajadores de salud están fuera de los Comités Operativos de Emergencia en el 90% de las provincias y municipios, pese a las recomendaciones del Comité Nacional de gestión de crisis. Con la resolución 4/2021 de los ministerios de salud y trabajo, y a pesar de la virulencia de las nuevas cepas, se pretende obligar al personal de salud con comorbilidades o cursando un embarazo a retomar sus tareas en la primera línea de modo compulsivo. Hace 52 días que el Ministerio de Salud de la Nación no publica datos de morbimortalidad del personal de salud.
La exclusión que se verifica en los COE se extiende a la negociación colectiva. El gobierno nacional excluye a CICOP – Fesprosa de la paritaria 1133 de profesionales de establecimientos nacionales. Esta exclusión de los auténticos representantes de los trabajadores sanitarios se replica en Neuquén, Rio Negro, San Luis, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Chaco y decenas de municipios bonaerenses.
Represión contra los trabajadores de la salud
Pero lo que es más grave es que en varias jurisdicciones y en plena pandemia se desató una represión inmisericorde contra los trabajadores. Señalamos en particular los descuentos masivos en Tucumán, los traslados, presiones y amenazas en San Miguel, provincia de Buenos Aires y los sumarios, traslados y cesantías en Córdoba. A ello agregamos los traslados compulsivos en APS en La Rioja y la situación en Margarita Belén en Chaco. Fesprosa denuncia esta política represiva y se solidariza activamente con los trabajadores en lucha y sus organizaciones representativas.
En defensa de los derechos de los trabajadores
El Consejo Ejecutivo Nacional reafirma la convocatoria a la unidad de acción de todas las organizaciones y colectivos de trabajadores de salud alrededor de los siguientes puntos:
– Salarios y condiciones de trabajo -Paritaria nacional de salud para fijar un piso de derechos, para alcanzar un salario de ingreso igual a la canasta familiar, por un Plan nacional de desprecarización laboral, por una política nacional de formación para atender las prioridades de la salud colectiva y de la emergencia actual – Elevación del presupuesto estatal consolidado (2,9%del PBI) hasta alcanzar el 4% del PBI.
– Libertad sindical – Llamado a paritarias sectoriales en todas las provincias y municipios convocando a los auténticos representantes de los trabajadores. – Cese de las medidas represivas – Solidaridad activa con los trabajadores de Tucumán, San Miguel, Córdoba, Chaco y La Rioja.
-Protección a los trabajadores-Integración de sus representantes en los COE – Provisión suficiente de EPP – Otorgamiento de las licencias de ley – Derogación de la resolución 4/2021 de los ministerios de trabajo y salud.
-Vacunas para todxs – Quiebre de las patentes y desarrollo de una política de producción pública de medicamentos y vacunas-Compras centralizadas de insumos y control de precios en el vademécum de la emergencia sanitaria-Centralización del sistema, con control estatal de la disponibilidad de camas y el conjunto de los recursos necesarios para enfrentar la pandemia – Seguir convocando al debate sobre la necesidad de un nuevo sistema de salud.
La movilización es el camino
Las medidas propuestas tienen como meta no solo defender los derechos que nos asisten sino también lograr la mejor calidad de atención para nuestra población usuaria. Tal como lo hiciéramos en la ocho Jornadas Nacionales de 2020, el 7 de abril y el 12 y 13 de mayo de este año, reafirmamos que la movilización democrática y autónoma es el camino para enfrentar unidos la grave situación que nos atraviesa.