En la sesión ordinaria de este lunes en el Concejo Deliberante de Mercedes, desde el Frente de Todos se impulsó un beneplácito por nueva Ley de Educación Ambiental. La concejala Mariana San Martín, presidente del bloque del FdT, agradeció desde su banca en la particular sesión (que fue con varios ediles desde la virtualidad, y con algunos inconvenientes técnicos que la hicieron difícil de seguir desde las redes en que se transmitió) al resto de los ediles de los distintos espacios políticos por el apoyo.
«Presentamos un beneplácito desde el Bloque de Concejales del Frente de Todos, por la aprobación de la ley de Educación Ambiental Integral», comentó la concejala.
«Festejamos la decisión de hacer una política pública nacional y federal, permanente, transversal e integral en todos los establecimientos educativos del país para adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente», dijo.
La Ley
El viernes 14 de mayo el Senado convirtió en ley el Proyecto para la Implementación de la Educación Ambiental Integral. La iniciativa había sido presentada por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; y de Educación, Nicolás Trotta, ante el Congreso como una de las 4 acciones del Plan de Políticas Ambientales del Gobierno nacional.
La nueva Ley de Educación Ambiental se basa en 3 normativas preexistentes: la Constitución nacional, cuya reforma en 1994 estableció que las autoridades deberán garantizar “la información y educación ambientales”; la Ley General del Ambiente, sancionada en 2002 -durante la gestión de Eduardo Duhalde-, que promueve “cambios que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental”; y, más acá en el tiempo, la Ley de Educación Nacional de 2006 -gestión de Néstor Kirchner-, la cual dispone que el Ministerio de Educación, junto al Consejo Federal de Educación (CFE), disponga “las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades”.
Si se mira la letra de la normativa, su objeto central es “establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional”. La ley aborda 3 ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).
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