En una reunión realizada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aire, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le presentó al ministro Julio Alak el Informe Anual 2021, que refleja el trabajo de monitoreo y control de los lugares de encierro, políticas de seguridad, justicia, niñez, salud mental e inteligencia ilegal, que el organismo realiza en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
La comitiva de la CPM que participó del encuentro estuvo integrada por sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, les integrantes Nora Cortiñas, Víctor De Gennaro, Susana Méndez, Ana Barletta, María Sondereguer y Roberto Cipriano García, y la directora general Sandra Raggio.
Junto a Alak, estuvieron el subsecretario de política criminal Lisandro Pellegrini y el subsecretario de derechos humanos Matías Moreno.
Durante el encuentro, la CPM expuso el diagnóstico de la crisis del sistema de encierro y la necesidad de reformas estructurales en la política criminal que apunten a disminuir al alto índice de prisionización y dejar atrás las recetas punitivistas que ya demostraron su fracaso para solucionar los problemas de seguridad de los y las bonaerenses.
En cuanto a las políticas de encierro, a pesar de señalar que durante el último año hubo un leve descenso de la cantidad de personas detenidas en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, se mantienen los altos índices de hacinamiento y sobrepoblación. Al mismo tiempo, la CPM señaló con preocupación que, durante ese mismo tiempo, crecieron exponencialmente las aprehensiones policiales no vinculadas a delito y el incremento de personas detenidas en dependencias policiales alcanzó en noviembre pasado el record de los últimos 15 años.
Durante el encuentro, el Ministro Alak coincidió en varios planteos presentados por la CPM y reconoció la necesidad de avanzar en políticas que reviertan los graves déficits estructurales del sistema penal. En ese sentido, también explicó y detalló que desde el Ministerio se encontraban trabajando en algunos de los problemas señalados en el informe.
En esa línea, tanto la CPM como las autoridades ministeriales se comprometieron a consensuar una agenda común de trabajo que pueda contribuir a revertir estos problemas. Sobre esa base, el organismo reiteró el pedido para que la Dirección de Salud Penitenciaria pase a la órbita del Ministerio de Salud y se integre a las políticas públicas implementadas por dicha cartera.
Ese pedido estuvo fundado también en un detallado diagnóstico de la deficiente atención sanitaria en el encierro, que sumado a las graves condiciones de detención, produce año a año que decenas de personas mueran en cárceles y alcaidías por problemas de salud no atendidos a tiempo. Asimismo, la CPM también insistió en coordinar acciones con el Ministerio de Salud para diseñar políticas específicas en las unidades neuropsiquiátricas 34 y 45 de Melchor Romero, adecuándolas a los preceptos proclamados en la Ley Nacional de Salud Mental.
Por otra parte, y tras las denuncias de corrupción penitenciaria que tomaron estado público en los últimos días a partir del accionar de la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, les integrantes de la CPM valoraron lo actuado y pidieron fortalecer la auditoría, para avanzar en la investigación y sanción de los hechos de corrupción, y desmontar los sistemas de recaudación ilegal que promueven funcionarios penitenciarios en las cárceles bonaerenses.
Durante la reunión, también se hizo mención a la violenta represión penitenciaria ocurrida el 1° de noviembre del año pasado, en un conflicto promovido e incitado por los mismos funcionarios penitenciarios
La CPM también destacó la gestión ministerial para cumplir con el fallo de la justicia que el año pasado, durante la pandemia, habilitó el uso de telefonía celular en los lugares de encierro y abogó por la continuidad de esa medida que permite a las personas privadas de la libertad sostener el vínculo diario con su círculo afectivo y se ha constituido en una herramienta valiosa para la prevención y denuncia de las prácticas sistemáticas de tortura que se producen en estos ámbitos.
Durante la reunión, también se hizo mención a la violenta represión penitenciaria ocurrida el 1° de noviembre del año pasado, en un conflicto promovido e incitado por los mismos funcionarios penitenciarios. A pesar de ello, poco se avanzó en la investigación por esas responsabilidades. Cabe recordar que, en estos hechos, al menos 1.500 personas detenidas fueron víctimas de torturas y traslados compulsivos.
En el plano del funcionamiento de la justicia, la CPM criticó el escaso, casi nulo, avance de los juicios políticos contra funcionarios judiciales acusados por graves delitos, que ameritan sean apartados de sus funciones. Entre ellos, el caso más grave es el del Fiscal General de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar e imputado por delitos de lesa humanidad.
Además del caso de Fernández Garello, remarcó otros casos de enorme gravedad institucional como el del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de organizar una asociación ilícita para la reventa ilegal de grandes cantidades de estupefacientes incautados. El tercero de los hechos señalados fue lo ocurrido en el departamento judicial de Lomas de Zamora y las denuncias contra el fiscal general de Lomas de Zamora Sebastián Scalera y los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, acusados de dirigir un plan para perseguir de manera ilegal y presionar a funcionarios judiciales, especialmente contra el juez de garantías Gabriel Vitale.
Al finalizar el encuentro, y con el compromiso de trabajar conjuntamente para atender la crisis del sistema penal, la CPM valoró la posibilidad de abrir instancias de diálogo para discutir y promover políticas públicas en materia de seguridad y justicia con una perspectiva en derechos humanos, que se alejen del paradigma punitivistas adoptado en las últimas décadas en la provincia de Buenos Aires.