El intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, es uno de los jefes comunales del Frente de Todos que se adhiere con su firma en un comunicado conjunto emitido la semana pasada con respecto al pedido del juicio político a la Corte Suprema.
Es así que son varios los intendentes del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires que se adhieren al pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño en sus funciones.
Con fecha 5 de enero de 2022, manifiestan desde el Frente de Todos apoyo a la decisión que tomaron la Presidencia de la Nación junto a los gobernadores de 11 provincias, tras el fallo establecido en una medida cautelar a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se le ordena al Estado Nacional pagar una proporción de los fondos de coparticipación federal.
Hablan entre otros puntos de la la filtración de conversaciones privadas entre funcionarios. «El Estado de derecho y la división de poderes que establece nuestra Carta Magna se encuentran bajo amenaza», afirman.
«Es en virtud de la gravedad político institucional de estos acontecimientos que nos vemos obligados, tanto por nuestra responsabilidad, como representantes de millones de bonaerenses damnificados por esta medida, como por nuestra mas íntima convicción democrática y republicana a dar nuestro absoluto apoyo al pedido de juicio político a la CSJN», plantean varios intendentes tales como Marcelo Santillán, de Adolfo González Chaves; Francisco Echarren, de Castelli; Juan Manuel Álvarez, de General Paz; Germán Lago, de Alberti; Mauro García, de General Rodriguez; Javier Gastón, de Chascomús; Jorge Alfredo Zavatarelli, de General Pinto; Juan Fabiani, de Almirante Brown; Ricardo Casi, de Colón; Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes; Jorge Ferrraresi, de Avellaneda; y Ricardo Moccero, de Coronel Suárez.
Además Fernando Moreira, de General San Martín; Esteban Sanzio, de Baradero; Esteban Acerbo, de Daireaux; José Ferreira, de Guaminí; Julio Marini, de Benito Juárez; Carlos Ramil, de Escobar; Luis Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; Juan José Mussi, de Berazategui; Mario Secco, de Ensenada; Fabian Cagliardi, de Berisso; Diego Nanni, de Exaltación de la Cruz; Juan Zabaleta, de Hurlingham; Marcos Pisano, de Bolívar; Gastón Granados, de Ezeiza; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Marisa Fassi, de Cañuelas; Andrés Watson, de Florencio Varela; Mario Ishii, de José C. Paz; Daniel Stadnik, de Carlos Casares; Sebastián Ianantuony, de General Alvarado; Cristian Cardozo, del partido de La Costa; María Celia Gianini, de Carlos Tejedor; Carlos Rocha, de General Guido; Fernando Espinoza, de La Matanza; Iván Villagrán, de Carmen de Areco; Javier Osuna, de General Las Heras; Pablo Torres, de Laprida; Alberto Gené, de Las Flores; Lucas Ghi, de Morón; Juan Andreotti, de San Fernando; Carlos Ferraris, de Leandro N. Alem; Facundo Diz, de Navarro; Ramón Salazar, de San Pedro; Marina Lesci, de Lomas de Zamora; Pablo Zurro, de Pehuajó; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Leonardo Botto, de Luján; Gustavo Walker, de Pila; Gustavo Cocconi, de Tapalqué; Noelia Correa, de Malvinas Argentinas; Federico Achával, de Pilar; Julio Zamora, de Tigre; Jorge Carrera, de Tres Lomas; Ricardo Curuchet, de Marcos Paz; Blanca Cantero, de Presidente Perón; Jorge Paredi, de Mar Chiquita; Alfredo Farías, de Tordillo; Leonardo David Angueira, de Punta Indio; Hernán Ralinqueo, de 25 de Mayo; Mayra Mendoza, de Quilmes; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Karina Menéndez, de Merlo; José Luis Honra, de Roque Pérez; Carlos Bevilacqua, de Villarino; Marcos Fernández, de Monte Hermoso; Ricardo Alessandro, de Salto; Osvaldo Cáffaro, de Zarate; Mariel Fernández, de Moreno; y Miguel Ángel Gesualdi, de San Andrés de Giles.
«Con posterioridad al fallo, y a raíz de la filtración de chats privados entre el Ministro de Seguridad de la CABA y el secretario del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la opinión pública conoció el vínculo personal entre los funcionarios de la Ciudad y el Poder Judicial -en este caso el máximo tribunal de la Nación»
Los intendentes y las intendentas del Frente de Todos de la Provincia de Buenos
Aires se muestran de esta manera en contra de un fallo estableciendo una medida cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a la demanda iniciada contra el Estado Nacional por la «supuesta» inconstitucionalidad de la Ley 27.606, que ordenó al Estado Nacional pagar a la Ciudad de Buenos Aires una proporción del 2.95% de los fondos de la coparticipación federal, más del 1.5% más de lo establecido por la ley.
«Con posterioridad al fallo, y a raíz de la filtración de chats privados entre el Ministro de Seguridad de la CABA y el secretario del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la opinión pública conoció el vínculo personal entre los funcionarios de la Ciudad y el Poder Judicial -en este caso el máximo tribunal de la Nación-. Estos chats se suman a aquellos conocidos semanas atrás por el viaje a Lago Escondido compartido por miembros del poder judicial, funcionarios de Cambiemos, espías retirados y directivos del grupo Clarín», plantearon y definieron que son estos «sucesos de altísima gravedad institucional ponen en tela de juicio la «presunta» independencia del Poder Judicial, la neutralidad de los fallos y en este caso en particular, la independencia de los jueces que conforman el máximo tribunal de justicia de la Nación».