El anuncio de un aumento del 200% en las tarifas de peaje de la Red Vial Nacional concesionada ha desatado el descontento entre los usuarios viales argentinos. Este incremento, que entrará en vigor a partir de las 00 horas del viernes 26 de abril de 2024, ha sido duramente cuestionado por diversos sectores.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó recientemente a una «Consulta Ciudadana» por escrito, calificada por muchos como meramente decorativa y sin carácter vinculante. Esta consulta se realizó con la única finalidad de habilitar un nuevo aumento en las tarifas de peaje, que ya estaba autorizado antes de su convocatoria.
Jorge Zatloukal, integrante del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), señaló la gravedad de esta situación, indicando que la consulta careció de un marco regulatorio que defendiera los derechos de los usuarios viales, como lo exige la Constitución Nacional. Además, destacó que las concesiones viales tienen carácter de servicio público, por lo que deberían priorizarse los intereses de los ciudadanos.
Por su parte, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del CONADUV, denunció la actitud autoritaria y antidemocrática de las autoridades nacionales, que impiden el debate y el intercambio de opiniones con los usuarios viales.
El CONADUV rechaza enérgicamente este nuevo tarifazo y la actualización mensual propuesta, exhortando a las autoridades a no dar curso al incremento y solicitando la disolución de la empresa concesionaria Corredores Viales S. A.
Asimismo, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial propone la implementación de un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del país, libre de peaje, financiado a través del Impuesto a los Combustibles. Esta medida, además de mejorar la transitabilidad y el desarrollo del país, reduciría el costo de transporte y promovería el turismo, entre otros beneficios.
El CONADUV también propone la creación de una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales, para evitar la malversación y desvío de los mismos. Además, insta a rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), convirtiéndola en el organismo rector de la política vial nacional y provincial.