En una masiva manifestación realizada hoy en la Plaza San Martín de Mercedes, vecinos y vecinas de los barrios populares junto a trabajadores y trabajadoras de cooperativas de construcción expresaron su preocupación por la falta de trabajo y la paralización de obras en sus comunidades.
Bajo la consigna «Trabajo y obras para nuestros barrios», convocada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cooperativas de trabajo y familias de barrios populares, al igual que en Mercedes, se hicieron presentes en los municipios de todo el país para visibilizar la difícil situación que están atravesando en sus territorios.
Según denunciaron, el ajuste en las políticas de integración urbana ha provocado que cientos de trabajadores pierdan su fuente de ingresos, y que los proyectos de obra que aún continúan en proceso corran el riesgo de quedar totalmente paralizados en el próximo mes.
La situación se agrava debido al decreto 215/2024, publicado en el Boletín Oficial el 1 de marzo de 2024, el cual establece que el Ministerio de Economía es el fiduciante de todos los fideicomisos del Estado Nacional y el organismo encargado de autorizar previamente cada instrucción de pago emitida al fiduciario.
En la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) existen certificados de obra aprobados, con avance físico comprometido y su correspondiente rendición financiera, junto a su respectiva auditoría externa. Sin embargo, hace más de cuatro meses que están pendientes de pago debido a la falta de autorización del Ministerio de Economía. Se estima que alrededor de 250 obras se encuentran en esta situación, poniendo en riesgo más de 1000 obras en todo el país.
Exigieron de forma urgente que se resuelvan los pagos pendientes de las obras realizadas, que se regularice la situación de los proyectos para continuar los trabajos y que se generen nuevos proyectos
En Mercedes, donde hay 19 barrios populares con 1775 familias según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), la situación es especialmente preocupante. En estos barrios, el 88,7% no tiene acceso formal al agua corriente, el 97,85% no cuenta con acceso formal a la red cloacal y el 63,8% no tiene acceso formal a la red eléctrica.
La paralización de las obras no solo vulnera el derecho a un hábitat digno, sino que también está generando serios problemas en el desarrollo de la vida cotidiana de los habitantes de estos barrios.
Ante esta situación, los manifestantes exigieron de forma urgente que se resuelvan los pagos pendientes de las obras realizadas, que se regularice la situación de los proyectos para continuar los trabajos y que se generen nuevos proyectos en los barrios que aún no han visto garantizado su derecho a un hábitat digno.
