Desde la Asamblea de Mujeres Mercedinas y otras organizaciones han llegado a este medio numerosos comunicados expresando su preocupación y reclamo por la gran cantidad de detenidos durante la última protesta frente al Congreso de la Nación, tanto en el lugar de la manifestación como en sus inmediaciones.
Las organizaciones solicitan a los periodistas y medios de comunicación la mayor difusión posible sobre la situación de las personas detenidas, quienes, según denuncian, están siendo sometidas a procedimientos y prácticas reminiscentes de la última dictadura militar.
La información proporcionada es la siguiente:
El jueves por la noche, las familias de los detenidos fueron informadas que varios de ellos, entre los que se encuentra el músico Santiago Adano (ex Julio y Agosto), serían trasladados al Centro de Detención Federal N° 28 (Lavalle 1337), donde pasarán una segunda noche privados de su libertad sin pruebas vinculantes. Entre los detenidos se encuentran vendedores ambulantes y civiles que se manifestaban de manera pacífica en las inmediaciones del Congreso Nacional, como se puede observar en numerosos registros de video.
Las acusaciones formuladas contra los detenidos incluyen:
– Instar a la violencia colectiva en contra de las instituciones, infundiendo temor público.
– Alzarse en contra del orden constitucional con el propósito de perturbar y/o impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes del Congreso.
– Daños, incendios y estragos dolosos.
– En algunos casos, tenencia de material explosivo y/o incendiario.
– Alteración del orden público.
Inicialmente, se esperaba que los detenidos fueran liberados tras tomarles declaración indagatoria. Sin embargo, un dictamen del Fiscal Stornelli, solicitando múltiples imputaciones y prisión preventiva, ha retrasado su liberación. Además, el Ministerio de Seguridad se ha presentado como querellante en la causa.
Exigencia de liberación inmediata
Las organizaciones y familiares piden la mayor difusión de estos hechos, ya que las próximas horas son cruciales para que la Jueza María Servini defina la excarcelación de los detenidos. En caso de no liberarse en las próximas 24 horas, deberán apelar, enfrentándose al riesgo de permanecer detenidos por más días debido a los feriados.
El fiscal Stornelli, en sintonía con el Poder Ejecutivo, acusa a los detenidos de graves delitos relacionados con terrorismo y tentativa de golpe de Estado, y ha solicitado prisión preventiva para todos ellos. Según su escrito, se debe investigar las «acciones y conductas, en algunos casos bajo posible forma organizada, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática».
Stornelli cita como únicas «pruebas» el tuit del Gobierno felicitando a las fuerzas que reprimieron «a los grupos terroristas» y extractos de los diarios Clarín y La Nación, donde se acusa sin pruebas a «piqueteros» y «militancia de izquierda» de incendiar un automóvil. Los fundamentos del fiscal coinciden con lo difundido por diversos funcionarios y la Oficina del Presidente.
Las organizaciones y familiares insisten en que los detenidos fueron arrestados de manera arbitraria con el objetivo de desmovilizar a la sociedad y demandan su urgente liberación.
La Asamblea de Mujeres Mercedinas y otras organizaciones continúan exigiendo justicia y la liberación inmediata de las 35 personas detenidas en el marco de lo que consideran una brutal represión.