Por Ariel Dulevich Uzal. Ante el inminente debate, la ciudadanía confía en que los legisladores revalidarán la labor de nuestros próceres, quienes, desde los albores de la nacionalidad, privilegiaron la educación como una política de Estado.
Hoy, más allá del tema específico en cuestión, se libra en el Congreso una batalla que trasciende el tratamiento puntual y se convierte en un ámbito crucial de definiciones político-institucionales. Este escenario instala una dicotomía de concepciones que exhiben posturas opuestas, marcando una nueva grieta cavada por La Libertad Avanza (LLA).
El Presidente y sus seguidores, actuando desde hace ya diez meses en la precariedad del abuso de las facultades excepcionales que le otorga el inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), han recurrido al veto como último recurso para desarticular los categóricos pronunciamientos del Congreso, expresados en leyes consensuadas por una amplia mayoría legislativa.
Frente al abuso de poder y la concentración de decisiones en pocas manos, una amplia mayoría ciudadana, agobiada por carencias sociales agravadas por la ineficacia de una gestión económica que nos ha llevado a un 53% de pobreza, mira con esperanza hacia los legisladores.
Ayer lo hicieron contra el castigado sector de jubilados; hoy, el ataque se dirige hacia la educación y la universidad públicas. Esta actitud revela un dogmatismo persistente que se plasma en resoluciones y actitudes de corte autoritario, totalmente disfuncionales al espíritu y la letra de la Constitución Nacional.
Frente al abuso de poder y la concentración de decisiones en pocas manos, una amplia mayoría ciudadana, agobiada por carencias sociales agravadas por la ineficacia de una gestión económica que nos ha llevado a un 53% de pobreza, mira con esperanza hacia los legisladores. Estos tendrán la responsabilidad de decidir si se convierten en cómplices de los siniestros propósitos de destrucción del Estado, confesados abiertamente por el Presidente, o si, en nombre de la dignidad cívica que les impone su mandato, pondrán un freno a los excesos, exabruptos y arbitrariedades que han infligido un daño profundo a la calidad institucional de la República.
Este momento es una oportunidad para reivindicar la división de poderes y retomar el rumbo de la democracia, tal como fue recuperada en 1983, defendiendo el pleno imperio del Estado de Derecho.
Ariel Dulevich Uzal es mercedino y ex Subsecretario de Turismo de la Nación durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín