La comunidad de Mercedes se suma al repudio nacional por la acusación contra Yolanda Vargas, una madre salteña responsabilizada por la muerte de sus hijos en un incendio provocado por la precariedad estructural. En el contexto de una campaña organizada por Política Obrera, que incluye una junta de firmas física y digital, se busca visibilizar el caso y reclamar justicia.
El 9 de febrero de 2021, Melanie y Thiago fallecieron en un incendio que consumió su vivienda de madera en Colonia Santa Rosa, Salta. El siniestro fue causado por un corto circuito durante un temporal, mientras Yolanda realizaba compras esenciales, al no contar con guardería para sus hijos en plena pandemia de COVID-19. Pese a las circunstancias de extrema vulnerabilidad, la Fiscalía la acusó de «abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo», delito que podría costarle 20 años de prisión.
Walter Altavista y Julio Sena, referentes locales de Política Obrera, señalaron que el caso de Yolanda es un ejemplo extremo de la criminalización de la pobreza: “El Estado, lejos de asumir su responsabilidad por la miseria que genera estas tragedias, busca culpabilizar a una madre trabajadora y pobre. Este escenario se repite en miles de hogares precarios de todo el país, incluida Mercedes”.
La campaña por la absolución de Yolanda Vargas cuenta con el apoyo de diversas figuras del ámbito cultural y académico, como Dora Barrancos, Claudia Piñeiro, Gabriela Cabezón Cámara, María Carmen Verdú, y organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y distintas filiales de H.I.J.O.S. Además, desde Mercedes, vecinos y referentes sociales manifiestan su solidaridad, destacando que el caso pone en evidencia la falta de políticas públicas para atender las necesidades básicas de los sectores más vulnerables.
Acciones en marcha
El martes 14 de enero se realizará una conferencia de prensa en la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), en Capital Federal, con la participación de los abogados defensores Luciano Camaño y Alberto Díaz Aranda, y de Yolanda Vargas. Allí se anunciarán nuevas medidas para visibilizar el caso antes del inicio del juicio, programado del 3 al 7 de febrero en Salta.
La comunidad mercedina está invitada a sumarse a la junta de firmas mediante un enlace digital (https://forms.gle/PherQAtBkuizJM5U7) o a través de un petitorio físico que circula en distintos puntos de la ciudad. “No se puede criminalizar la pobreza; la absolución de Yolanda es una lucha de todas y todos”, concluyeron Altavista y Sena.
El caso de Yolanda Vargas no es solo un llamado a la reflexión sobre la injusticia estructural, sino también una convocatoria a la acción colectiva para evitar que una tragedia familiar se convierta en un nuevo acto de desigualdad e impunidad.