Este mediodía la funcionaria Tatiana López, directora de Discapacidad de la Municipalidad de Mercedes, participó de la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, donde se abordaron dos temas clave: el reclamo por auditorías impulsadas por el Gobierno Nacional que podrían derivar en la suspensión de pensiones por discapacidad y una polémica por la inclusión del logotipo municipal en rampas de accesibilidad.
“El Estado vuelve a tomar decisiones con crueldad sobre las personas con discapacidad”, sostuvo López, quien explicó que se realizaron auditorías sin previo aviso ni coordinación con los municipios, lo que provocó desconcierto entre los beneficiarios. Según estimaciones informales, habrían sido citadas entre 2.000 y 2.500 personas, pero muchas no recibieron la notificación, ya que las citaciones en muchos casos se enviaron a domicilios desactualizados.
La funcionaria remarcó que estas citaciones fueron comunicadas de forma deficiente, con cambios de sede en el último momento, dificultando el acceso a la información. “Muchos vecinos no sabían dónde debían presentarse. Incluso los trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad local tuvieron que publicar los avisos en sus estados de WhatsApp personales para difundir la dirección”, señaló.
“Personas con movilidad reducida, con síndrome de Down, fueron convocadas a presentar documentación nuevamente, lo cual es innecesario y humillante”
Ante la situación, días pasados desde el Municipio se presentó un recurso de amparo colectivo, en articulación con la Defensoría y curadores oficiales, que logró que un juez dictara la suspensión de las auditorías hasta tanto se garantizaran condiciones adecuadas. Sin embargo, según López, el organismo nacional continuó adelante con las evaluaciones a pesar de la medida judicial.
“Personas con movilidad reducida, con síndrome de Down, fueron convocadas a presentar documentación nuevamente, lo cual es innecesario y humillante”, expresó. Además, denunció que muchos debieron recurrir a servicios privados, pagar consultas y estudios con recursos que no tienen: “Con una pensión de 200.000 pesos, tuvieron que sacar préstamos para pagar un certificado médico. Es una locura”.
López también alertó que, según se comunicó, quienes no se presenten a este primer llamado serán citados nuevamente y, de no concurrir, podrían perder la pensión. “Esto es una muestra de crueldad institucional. No estamos en contra de las auditorías, pero sí del modo en que se están llevando a cabo, sin planificación ni sensibilidad”, subrayó.
López divulgó que muchos vecinos debieron recurrir a servicios privados, pagar consultas y estudios con recursos que no tienen: “Con una pensión de 200.000 pesos, tuvieron que sacar préstamos para pagar un certificado médico. Es una locura”.
Durante su exposición en el Concejo también se refirió a un proyecto sobre rampas accesibles. Algunos ediles habían cuestionado la presencia del logotipo municipal (“M”) en las rampas, alegando que podría dificultar el paso. López recordó que el mismo planteo fue debatido años atrás y reafirmó que las verdaderas barreras son sociales y actitudinales: “Más que por la M en una rampa, deberíamos indignarnos por quienes estacionan sobre las rampas e impiden su uso. Necesitamos más empatía y solidaridad”.
Aprovechando la entrevista con este medio, López convocó a quienes perciban pensiones no contributivas a acercarse a las oficinas de calle 2 y 11 para verificar si fueron citados a las auditorías. Y aseguró que desde el área seguirán acompañando a cada vecino y vecina afectada, articulando con profesionales y gestionando turnos para quienes necesiten actualizar su documentación médica.