El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, del bloque Unión por la Patria, presentó dos proyectos legislativos en el Senado con el objetivo de impedir la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que el Gobierno nacional autorizara su venta total mediante los decretos 493 y 494/25.
Las iniciativas buscan preservar el carácter público de la empresa estatal que actualmente brinda servicio de agua potable y saneamiento a más de 14 millones de personas en 27 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Pedro sostuvo que “el agua es un recurso natural escaso y estratégico” y que “no puede quedar en manos del mercado”.
Ffueron acompañados por senadores del mismo espacio político, como Alicia Kirchner, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara, Oscar Parrilli, Sergio Leavy y otros.
El primer proyecto (S‑1287/25) propone declarar el servicio que presta AySA como “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, prohibiendo cualquier modalidad de privatización, concesión o cesión de capital. Además, exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para modificar objetivos, estructura o enajenar activos esenciales de la firma.
El segundo proyecto (S‑1288/25) es una declaración de repudio a la decisión del Poder Ejecutivo de privatizar AySA, alertando que esa medida implicaría un retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos vinculados al acceso al agua potable segura y al saneamiento. También rechaza la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago.
Ambos textos fueron acompañados por senadores del mismo espacio político, como Alicia Kirchner, Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara, Oscar Parrilli, Sergio Leavy y otros. En su fundamentación, De Pedro remarcó que la estatización de AySA en 2006 permitió ejecutar inversiones veinte veces superiores a las de la etapa privada, con la construcción de grandes plantas potabilizadoras, ampliación de redes y mejoras en el servicio.
Actualmente, AySA tiene una cobertura del 85% en agua potable y 70% en cloacas, y la propuesta privatizadora del Gobierno contempla la venta del 100% de las acciones, con el 51% en manos de un único operador privado. De Pedro advirtió que esta decisión pone en riesgo la continuidad de un modelo de gestión pública que ha garantizado acceso, calidad y expansión del servicio.