Un nuevo incremento en las tarifas de peaje de la provincia de Buenos Aires ha encendido la alarma entre los usuarios viales. El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) ha denunciado enérgicamente el aumento del 7% autorizado por el Gobierno provincial a la empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.).
Según la entidad, que agrupa a los usuarios, se trata de un «ajuste recaudatorio» que tiene como único fin «beneficiar indebidamente a la empresa concesionaria AUBASA» y cubrir su déficit, esquilmando el bolsillo de los ciudadanos y afectando directamente el costo del transporte y, por ende, la cadena de precios de la economía.
El CONADUV presentó un cuadro comparativo que ilustra la desproporción de las tarifas de AUBASA en relación con otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires y las rutas nacionales. La diferencia de costo por kilómetro es calificada de «increíble».
| Acceso / Vía | Distancia | Tarifa Hora Pico Automóvil | $/KM Automóvil | Tarifa Hora Pico Camión + 6 Ejes | $/KM Camión + 6 Ejes |
| Acceso Norte (AUSOL) | 65 KM | $900 | $ 14 | $4.200 | $ 64 |
| Autopista Bs. As. – La Plata (AUBASA) | 58 KM | $ 5.000 | $ 86 | $ 29.800 | $ 514 |
Además, el costo de peaje en la Autovía 2 (Sistema Vial Integrado del Atlántico, a cargo de AUBASA) asciende a $ 6.500 para un automóvil y $ 32.500 para un camión de más de 6 ejes por cada estación, montos que multiplican los valores de las Rutas Nacionales.
El Comité insiste en que el cobro es un «falso peaje o impuesto al tránsito» que resulta inconstitucional debido a la falta de caminos alternativos libres de pago y a la doble imposición.
Se destaca que la empresa AUBASA, a pesar de ser estatal, es vista como una «caja política» que se limita a cobrar, sin que la recaudación se vuelque efectivamente al camino, ya que se consume en el «fenomenal costo operativo» de las estaciones de peaje y la propia estructura burocrática de la empresa.
Una de las principales críticas del CONADUV es la persistente falta de un Marco Regulatorio o Ente Regulador Vial que contemple la participación de los usuarios. A pesar de los reiterados pedidos a los gobiernos provinciales y a la Legislatura bonaerense, los derechos de los usuarios viales siguen siendo «pisoteados y vulnerados» en un régimen calificado como una «estafa vial».