El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) ha elevado una contundente denuncia contra el gobierno nacional, alertando sobre la inminente instalación de nuevas cabinas de peaje (entre ellas en Gorostiaga sobre la ruta nacional 5) y cuestionando la constitucionalidad del actual sistema de concesiones viales, así como el proyectado para la Red Federal de Concesiones (RFC).
Según la organización, la política vial vigente y la que se avecina vulneran el derecho al libre tránsito al no contemplar alternativas gratuitas, imponen una doble tributación confiscatoria a los usuarios y perpetúan un modelo ineficiente que desvía fondos públicos.
La CONADUV subraya que, a pesar de las declaraciones presidenciales sobre la necesidad de cumplir la Constitución Nacional, el esquema de peajes vigente y el propuesto para la RFC ignoran la obligatoriedad de ofrecer caminos alternativos libres de pago. Esta omisión, afirman, restringe indirectamente la libertad de circulación por el territorio nacional. Además, la organización califica al peaje como un «impuesto al tránsito» que se suma al ya abonado Impuesto a los Combustibles, configurando una doble imposición que consideran confiscatoria y contraria al principio de razonabilidad tributaria.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el manejo de los fondos. Mientras el gobierno argumenta la falta de recursos, la CONADUV revela que anualmente se recaudan más de 3.000 millones de dólares mediante el Impuesto a los Combustibles, fondos que deberían destinarse exclusivamente a la infraestructura vial. Sin embargo, estos recursos son desviados a otros fines presupuestarios, configurando, según la entidad, una malversación de su objeto específico.
La organización también cuestiona la transparencia en el financiamiento de las nuevas concesiones. A pesar del anuncio de inversión privada, proyectos como los tramos «Oriental» y «Conexión» prevén el uso de fondos subsidiados del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía, lo que contradice las declaraciones oficiales y traslada la carga financiera al Estado nacional.
Finalmente, la CONADUV critica la repetición de un modelo «fracasado» de concesiones, similar al de la década de 1990, caracterizado por su ineficiencia y falta de control estatal. La entidad expresa su preocupación por la participación de los mismos grupos económicos históricamente vinculados a la «patria contratista» y a causas de corrupción, a pesar de las críticas presidenciales hacia estos sectores. Los pliegos licitatorios actuales, denuncian, solo exigen tareas de conservación y mantenimiento de rutina, sin inversión ni ampliación de capacidad, previendo una triplicación de tarifas y la instalación de nuevas estaciones de peaje cada 97 kilómetros, lo que incrementará los costos de transporte y afectará la competitividad del país.
Ante este panorama, la CONADUV propone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) reasuma la administración, mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gestión pública transparente, con control ciudadano y destino específico de los fondos del Impuesto a los Combustibles para obras de infraestructura efectivas