Por Sergio Resquín. Desde poco más de un mes atrás, muchos se han enterado de la existencia de instituciones educativas que funcionan en nuestra ciudad sencillamente porque el ajuste que se abatió sobre ellas las ha transformado en noticia, dada la conflictividad y movilización de las comunidades que las integran. Como es obvio, me refiero a los jardines maternales municipales que funcionan en nuestra ciudad, que ante la decisión de acotar los servicios que prestan por parte del Ejecutivo comunal han logrado visibilizar el conflicto.
Conviene aclarar que, a pesar de la historia de los mismos, el debate que han introducido tanto Ustarroz como Kicillof es sobre el nivel inicial en su conjunto.
Podría decirse que este tramo pedagógico es el más joven del sistema educativo y ha venido sorteando diversas iniciativas para evitar que el mismo logre consolidarse y afianzarse, aun con la importancia que este posee para la escolarización de los niños. Hoy, lamentablemente, es noticia por el recorte, el ajuste o el desguace de uno de sus ciclos.
El nivel inicial y sus ataques históricos
Como ya ha quedado dicho, el nivel inicial, el más joven del sistema educativo, ha debido sortear los intentos de evitar su evolución y consolidación pedagógica durante todos los gobiernos. Si bien este nivel ya aparece mencionado en la Ley 1420 de 1884, es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando este tramo educativo comienza a instalarse socialmente, a favor no solo de cambios profundos en las condiciones de vida de las familias sino también de la influencia de corrientes pedagógicas que alertan sobre la necesidad de una escolarización temprana de los niños.
Mientras el nivel inicial iba incluso naturalizándose dentro del sistema educativo, debió soportar el vendaval de la “reforma educativa menemista-duhaldista”, como el resto de los niveles
Más allá de lo que expresen las leyes que rigen o rigieron el sistema educativo nacional, el nivel inicial abarcaría desde los 45 días hasta los 5 años. Y mientras el nivel fue buscando consolidarse cultural y socialmente, especialmente desde la década del 70 del siglo XX, aspirando a lograr esa extensión, fue también teniendo que enfrentar diversas medidas o leyes que apuntaron en sentido contrario. Es decir, mientras el nivel inicial iba incluso naturalizándose dentro del sistema educativo, debió soportar el vendaval de la “reforma educativa menemista-duhaldista”, como el resto de los niveles.
Allá por 1994, en una madrugada de diciembre, la nefasta Ley Federal de Educación fue sancionada. Los legisladores de entonces se limitaron a levantar la mano para aprobar un texto que fuera enviado en inglés para todos los países de Latinoamérica y donde solo se consideraba obligatoria la sala de cinco años. Obviamente, tanto las salas de tres como de cuatro años existían en las diversas jurisdicciones, pero la redacción de la ley nacional les sirvió a algunos gobernadores para avanzar en la eliminación o en la privatización del nivel.
A fines de 1996, en Córdoba —ejemplo emblemático—, se intentó aprovechar esa “omisión” para proceder al cierre de las salas de tres y cuatro años, dejando un negocio a la medida de la Iglesia y otros comerciantes de servicios educativos. El por entonces gobernador Mestre, de la UCR, vio truncado su deseo de “sacarse de encima” al nivel inicial sencillamente porque las movilizaciones y protestas de padres y docentes impidieron el uso de la motosierra. ¿Por qué? Porque lo que no calculó Mestre es que el nivel inicial estaba cada vez más afianzado cultural y socialmente. Es decir, ninguna provincia pudo utilizar la Ley Federal de Educación para cerrar las salas de tres y cuatro años. Pero la intención privatizadora estaba implícita en aquel texto enviado por el Banco Mundial.
Ninguna provincia pudo utilizar la Ley Federal de Educación para cerrar las salas de tres y cuatro años. Pero la intención privatizadora estaba implícita en aquel texto enviado por el Banco Mundial.
Un par de años después, la provincia de Buenos Aires se cuidó de intentar el mismo camino, por el temor a producir el mismo fenómeno de Córdoba, y se dedicó a destruir el nivel secundario. Podría decirse que el nivel inicial pudo sobrevivir a la reforma antipedagógica, o que los daños pudieron haber sido peores de los que fueron. Luego, dado el caos educativo generado, la Ley Federal de Educación se cayó por su propio peso.
Luego del embate de la Ley Federal y habiendo logrado evitar daños mayores, el nivel inicial debía prepararse para seguir su crecimiento, buscar constituir completamente el primer ciclo (de 45 días a 2 años) y lograr la integridad de todo el nivel. Algo que no ocurrió en prácticamente 20 años. Es decir, la provincia de Buenos Aires no promovió la apertura del primer ciclo bajo el sistema público de educación. En más de dos décadas, el nivel inicial público no fue estimulado ni beneficiado con la instalación de ambos ciclos, lo que hubiera garantizado la integridad y articulación, mientras al mismo tiempo la oferta de jardines maternales privados crecía exponencialmente.
El mito de origen de los maternales municipales
Tal vez en 2007 el entonces gobernador kirchnerista Scioli, hoy devenido en ministro libertario, le haya manifestado su desinterés en cumplir con la apertura de jardines maternales (primer ciclo) a cargo de la provincia de Buenos Aires. ¿De quién habrá sido la idea de la municipalización de servicios educativos que debían ser parte de las responsabilidades provinciales?
Más allá de la decisión del “pichichi libertario-kirchnerista”, el otrora intendente Carlos Selva ocupó ese lugar o se decidió por la municipalización del primer jardín maternal. Utilizando las instalaciones del fenecido club “El Nacional”, Selva copió el gerenciamiento que llevan adelante las escuelas o jardines privados. En este caso, el municipio optó por dejar afuera del primer jardín maternal toda aplicación del Estatuto del Docente, lo cual generó desde el principio contradicciones que afectaron la labor de los trabajadores de la educación, que pasaron a ser “empleados municipales”.
Se prefirió proceder como cualquier escuela privada: elegir sin concursos ni actos públicos a los trabajadores. Por supuesto, ninguno de los sindicatos docentes con presencia en el distrito alertó sobre esta anomalía: que los educadores nunca fueran considerados amparados por el Estatuto. En aquel primer maternal municipal se presentaron 76 aspirantes y entre Selva y su director de Cultura, Fernando Pachiani, eligieron al personal. Obviamente, no había ningún director de Educación porque los servicios educativos eran y siguen siendo de incumbencia provincial. Así como los sindicatos hicieron silencio, ningún dirigente opositor a Selva hizo escuchar su voz crítica.
En aquel primer maternal municipal se presentaron 76 aspirantes y entre Selva y su director de Cultura, Fernando Pachiani, eligieron al personal.
Algo que se repitió como metodología en la apertura de los dos maternales municipales posteriores. Es decir, Ustarroz mantuvo la matriz municipalizante de los jardines. El municipio se considera “gerenciador” de estos establecimientos y como tal se arroga el derecho a implementar todo tipo de formas de contratación laboral flexibilizadoras, lo cual agranda cada día más la brecha salarial entre una maestra de un establecimiento provincial y la de uno municipal. No solo porque la remuneración de las primeras es mayor, sino también porque la estabilidad laboral de los trabajadores municipales es sensiblemente menor. Monotributistas, contratos precarios, pasantías, entre otras situaciones, son moneda corriente entre el personal de los jardines maternales municipales.
Con esa metodología Selva concretó la inauguración del segundo, y la misma fue utilizada por su sucesor Ustarroz, donde la designación de directivos y docentes de cada sala es decidida por el dedo mágico del gerenciador (el municipio), sin concursos, listados ni publicación de vacantes. Y no se puede acudir al viejo argumento de que, como los edificios son propiedad del municipio, no queda más remedio que la municipalización. La Escuela de Arte N° 2 de Mercedes funciona en un edificio municipal y, sin embargo, la institución es provincial, con plena vigencia del Estatuto del Docente.
Es muy probable que la gran mayoría de los padres de los alumnos nunca haya tomado conocimiento de esta situación hasta hace un mes, cuando la noticia del ajuste o desguace trascendió a la comunidad. Tal vez porque las condiciones de encuadre laboral o la brecha salarial nunca tuvieron demasiada difusión o, sencillamente, porque el miedo a perder el cargo en un “privado” hace que las posibilidades de reclamo se achiquen considerablemente. Otra vez, ahí el silencio cómplice de los sindicatos docentes.
Pero aun con estas anomalías, el primer ciclo del nivel inicial alcanzó a estar completo en un solo edificio. ¿Por qué ahora iniciar su desguace suprimiendo salas?
La reforma de Kicillof
Más allá de que todo cierre de salas o secciones implica un ajuste, sea en la jurisdicción que sea —lo cual termina por igualar a Milei, Kicillof y Ustarroz—, lo cierto es que las explicaciones para este abrupto cierre de salas en los maternales municipales no hacen otra cosa que ampararse en la decisión del gobierno provincial de iniciar su propia “reforma” educativa.
El ajuste planteado desde la provincia para el nivel inicial implica diversas iniciativas por demás discutibles en cuanto a su fundamento pedagógico
Se trata de un ataque al nivel inicial en toda su extensión, donde se pretende implementar las retrógradas salas multiedad o integradas, que podrían albergar hasta 29 niños con edades de 2, 3, 4 y 5 años. No como una excepción o particularidad que podría contemplarse en un jardín rural, sino como regla general. ¿Quién puede enseñar y quién puede aprender en esas condiciones?
El ajuste planteado desde la provincia para el nivel inicial implica diversas iniciativas por demás discutibles en cuanto a su fundamento pedagógico, pero no puede ocultar su carácter ajustador y, en especial, antipedagógico. El latiguillo usado para justificar esta reforma intenta apelar a un “descenso de la natalidad”. ¿Acaso esa merma en los nacimientos justificaría la convivencia en un aula de 29 niños de dos, tres y cuatro años? De eso se trata la famosa “aula integrada” de Kicillof.
Es decir, Ustarroz aprovecha una resolución provincial para pasar la motosierra en los maternales municipales. Lamentablemente, el anuncio de esta reforma ajustadora no se hizo en el “festejado” Congreso Pedagógico mercedino realizado como parte de la campaña electoral. Obvio: nadie anuncia cierres de salas, secciones o “aulas integradas” en medio de una puja electoral, aunque seguramente la decisión ya estaba tomada y el congreso no pasó de ser una puesta en escena pedagógica.
Los sindicatos docentes han tratado de hacer pasar esta reforma manteniendo un silencio absolutamente cómplice. Tampoco la oposición política, tanto a Kicillof como a Ustarroz, ha abierto demasiado la boca.
Ahora bien, ¿no pudo intentarse que el gobierno provincial se hiciera cargo del primer ciclo del nivel inicial —los jardines maternales— de manera completa? Esta pregunta tan básica surge de la propia necesidad de no fragmentar los ciclos del nivel y, por el contrario, apuntar a su integración. Pero no. Pareciera que, además de disciplinarse a una resolución del gobierno provincial para justificar los cierres producidos en los maternales municipales, esta termina siendo de gran utilidad para legitimar el paso de la motosierra por el primer ciclo del nivel inicial.
Los sindicatos docentes han tratado de hacer pasar esta reforma manteniendo un silencio absolutamente cómplice. Tampoco la oposición política, tanto a Kicillof como a Ustarroz, ha abierto demasiado la boca.
La única y verdadera salida para los trabajadores de la educación y la comunidad es la inmediata provincialización de estos establecimientos, la vigencia plena del Estatuto del Docente y una verdadera articulación con el segundo ciclo del nivel inicial. Pero con las complicidades de unos y otros, el desguace sigue adelante y la reforma educativa provincial de ajuste también.
* Sergio Resquín es profesor jubilado