La crisis de infraestructura en la Ruta Nacional 5 ha pasado de ser una deficiencia técnica a convertirse en un conflicto social y político de larga data.
Tras más de 30 años de reclamos vecinales, promesas de autovía incumplidas y proyectos que mueren en los despachos oficiales, la región recibe una nueva señal de alerta: la oficialización de la reapertura del peaje en Gorostiaga (kilómetro 139) y un incremento tarifario del 19%.
Una deuda histórica que cuesta vidas
La necesidad de una mejora estructural que conecte de manera segura a las poblaciones de Buenos Aires y La Pampa no es nueva.
Durante tres décadas, diversos gobiernos han anunciado la transformación de la ruta en autovía para mitigar la alta siniestralidad de un corredor vital para la producción agroindustrial.
Sin embargo, la realidad actual muestra un panorama opuesto: el sostenimiento del trazado existente es casi inexistente, con banquinas descalzadas, asfalto deteriorado, pastos en banquina que superan el metro de alto y tapan la señalización, que ya se por es deficiente, que profundizan la inseguridad vial.
El peaje de la discordia
La reapertura de la cabina en Gorostiaga es percibida por los usuarios como una medida netamente recaudatoria.
Según la nueva disposición, no solo se restablece el cobro en un tramo que estaba liberado, sino que se eliminan los descuentos por TelePASE, obligando a los conductores locales —muchos de los cuales cruzan el peaje varias veces al día por razones laborales— a pagar el costo total de la tarifa.
Sin horizontes de mejora
Lo que genera mayor indignación en las cámaras de transporte y asambleas de vecinos es la falta de un plan de obras. En los pliegos actuales, no hay plazos ni financiamiento asignado para la continuación de la autovía. La gestión se limita a la reactivación del cobro, sin que esto se traduzca en una contraprestación de servicios o seguridad para quienes transitan una de las rutas más peligrosas del país.
Para las poblaciones de la zona de influencia, la Ruta 5 se ha vuelto un símbolo de la «intransitabilidad». La desconexión entre el aumento del costo de peaje y la inversión real en la cinta asfáltica deja a los usuarios en un estado de indefensión, cautivos de un sistema que prioriza la rentabilidad financiera sobre la vida de los ciudadanos.