Por Gustavo Federico Belzunces
En el siglo XIX, el ciclo de expansión económica y prosperidad implicaron la ocupación del espacio pampeano mediante un acelerado proceso de urbanización. Sobre estos pequeños pueblos y ciudades se extendió el equipamiento político del Estado en su proceso de construcción.
En el afán por entrar en el grupo de las naciones “civilizadas”, las Elites reformistas pretendieron dejar atrás los castigos corporales considerados como bárbaros propios del mundo colonial y los tiempos de la monarquía. En este contexto, la provincia de Buenos Aires inauguró la cárcel de Mercedes en el año 1877, que, junto con la Penitenciaría Nacional, se constituyeron en las primeras de la provincia y una de las primeras del país.
La cárcel prometía entonces un castigo más humano, propio de las naciones avanzadas, cuyo objetivo estaba orientado a la corrección y reforma del trasgresor para la reinserción social, como un ciudadano industrioso con capacidad de vivir en la nueva república capitalista. Esta impronta se volcó en los códigos penales y se completó en 1921, con la eliminación de la pena de muerte.
Sin embargo, el Primer Censo Carcelario Nacional de 1906, reveló que las cárceles del país tenían realidades que comenzaban a distanciarse de los objetivos correccionales, presentando dificultades en la disposición del espacio, la vigilancia, así como en la falta de asistencia espiritual, educativa y laboral. La situación precaria de los establecimientos generó una atmósfera de debates públicos que concluyeron en la necesidad de mejorarlos, para no abandonar los objetivos iniciales.
Será recién en la década de 1940, con las reformas del peronismo, que estas voces se constituyeron en nuevas realidades carcelarias. Fue Roberto Pettinato, un funcionario de confianza del presidente Perón, quien, bajo los principios del humanismo cristiano, llevó adelante la mayor trasformación del sistema. En efecto, reglamentó las visitas, impuso la educación física en las cárceles, eliminó el traje a rayas y el uso de grilletes para el traslado de los presos, reemplazó la denominación de “preso” por la de “interno”, incorporó las fiestas cívicas y estimuló la educación escolar. Para la nueva nación industrial, dotó a las prisiones de talleres laborales mediante la creación de la Escuela Industrial Penitenciaria, donde los internos aprendían todo tipo de oficios. Priorizó el cuidado de la salud con la construcción de espacios para la atención médica, además de medidas asociadas a la salud mental, como las novedosas “visitas íntimas”. Se construyeron gimnasios, campos de deportes, y se organizaron torneos deportivos inter-carcelarios. En el ámbito de la cultura, Pettinato mandó a construir bibliotecas dentro de los pabellones, se realizaron actos musicales, culturales, y comenzó a redactarse Mañana, un periódico para los privados de libertad. Finalmente, clausuró el presidio de Ushuaia por considerarlo inhumano, una prisión en el extremo sur cuya crueldad estaba más orientada a los presos políticos que a los criminales.
Al mismo tiempo, las reformas apuntaron a los trabajadores de la prisión. Al igual que con el resto de la clase obrera, el peronismo otorgó a los Guardias de la cárcel un Estatuto que los reconocía como sujetos de derecho, así como un nuevo uniforme y la participación en todas las fiestas cívicas. También buscó equiparar los salarios con el resto de las fuerzas de armas y comenzó a subordinar la formación militar de sus miembros a la formación penitenciaria, buscando profesionalizar la fuerza hacia un trato más específico con los internos, con la creación de la Escuela Penitenciaria de la Nación. Reglamentó, además, el día del penitenciario. Como parte de las políticas del bienestar, se construyeron barrios cercanos a los penales y se implementó un sistema de jubilaciones, pensiones y retiros voluntarios; obras sociales; colonia de vacaciones; y aguinaldo. Sin embargo, este proceso se interrumpió en la provincia de Buenos Aires con el golpe militar de 1955, teniendo que esperar por más de una década hasta la conformación del Servicio Penitenciario Bonaerense, dejando su dependencia de la policía provincial.
De este modo, la “cárcel de la reforma” se profundizó durante el peronismo en la “cárcel fábrica” orientada a la formación de ciudadanos para el trabajo industrial. Sin embargo, en las décadas siguientes, los consecutivos golpes de estado, volvieron a volcar en las cárceles a numerosos presos políticos. Una vez más, la institución penitenciaria subordinó su función correccional a los fines puramente represivos.
Para mostrarse activos, frente a las demandas punitivas de la población pauperizada, los gobernantes recurren a las propuestas de endurecimiento de los castigos, reformando el código penal y prometiendo condiciones más duras de encarcelamiento. Lo que genera, al mismo tiempo, la fantasía incumplida de que las leyes, por sí solas, transforman la realidad y mejoran la vida social.
Finalmente, la trasformación en la matriz productiva de la dictadura, orientando la economía hacia la desindustrialización y la especulación financiera y su profundización durante la década de 1990, culminaron con el ciclo ascendente del capitalismo argentino, hacia su inverso, de estancamiento y crisis. En las últimas décadas, el aumento de la pobreza, la desocupación y la desigualdad, desplegaron las ansiedades punitivas de la sociedad, alimentadas por las nuevas elites del capitalismo corporativo que decidieron abandonar toda idea de humanismo y reinserción social.
Para mostrarse activos, frente a las demandas punitivas de la población pauperizada, los gobernantes recurren a las propuestas de endurecimiento de los castigos, reformando el código penal y prometiendo condiciones más duras de encarcelamiento. Lo que genera, al mismo tiempo, la fantasía incumplida de que las leyes, por sí solas, transforman la realidad y mejoran la vida social.
El resultado es más que elocuente. Durante el siglo XX, la República Argentina tuvo una de las tasas de encarcelamiento más bajas de América Latina, e, inclusive, más bajas que muchos países del primer mundo, a los cuales, se pretendía imitar. Por contraste, en los últimos treinta años, la tasa de encarcelamiento en el servicio penitenciario federal se duplicó, al igual que en las provincias. Este panorama puede ser más impreciso, si tenemos en cuenta que, en algunas zonas de mayor conflictividad, estos valores se cuadruplicaron. Como en la mayoría de los países del planeta, el reemplazo del Estado social por el Estado punitivo, tuvo sus efectos generalizadores hacia el hiper-encarcelamiento.
En consecuencia, la “cárcel fábrica” fue cediendo su lugar a la “cárcel depósito”, un modelo de régimen penal y penitenciario que ya no busca objetivos correccionales. Los nuevos establecimientos priorizan el bajo costo de su construcción y vigilancia. De este modo, se utilizan materiales grises, se fragmentan los espacios de convivencia a su mínima expresión, con la intención de neutralizar la movilidad interna de los presos. Los nuevos edificios carecen de pabellones para el trabajo, lugares de formación educativa y en los casos más extremos, de patios o lugares de recreación. Las actividades con los internos no persiguen más objetivos que pasar el tiempo y garantizar el orden. El resultado es un híbrido, entre las lógicas correccionales que sobreviven con más o menos énfasis en cada institución, con el saber práctico acumulado por el personal a cargo, necesario para gobernar las nuevas realidades carcelarias marcadas por el hacinamiento y el encierro vacío de sentido.
Esta lógica también se vuelca sobre los trabajadores penitenciarios. El abandono de toda política orientada a garantizar derechos, por una lógica del ahorro, se traduce en el reemplazo de los hombres por sistemas electrónicos de seguridad. Así, procedimientos automáticos de cierre centralizado de accesos y vigilancia por cámaras, permiten reducir el número de guardias aumentando la cantidad de presos a controlar. De este modo, la modernidad simula, un castigo cada vez más robotizado, más impersonal, más inhumano.
El abandono de toda política orientada a garantizar derechos, por una lógica del ahorro, se traduce en el reemplazo de los hombres por sistemas electrónicos de seguridad. Así, procedimientos automáticos de cierre centralizado de accesos y vigilancia por cámaras, permiten reducir el número de guardias aumentando la cantidad de presos a controlar. De este modo, la modernidad simula, un castigo cada vez más robotizado, más impersonal, más inhumano.
Esta utopía contenía una gran paradoja, como lo expresó el presidente Avellaneda en marzo de 1877, con motivo de su inauguración, cuando resaltó lo imponente del nuevo edificio y abogó, en palabras textuales, “porque no haya un solo preso más en ella”.
La historia del castigo nos demuestra que una convivencia social pacífica se construye con la búsqueda de un castigo más humano. En tiempos marcados por nuevos discursos punitivos que profundizan el ciclo descendente hacia el hacinamiento carcelario y el encierro liso y llano, sin objetivos correccionales, es bueno rescatar estas utopías sociales del castigo que dieron origen a nuestra institución penal.
En ellas, podremos pensar nuevas formas de tratar a nuestros infractores, que, en definitiva, no son otras, que las maneras en que nos pensamos como sociedad y construimos nuestro futuro.
Doctor en Historia.
Compilador y autor de Dos siglos de cárceles bonaerenses. Una historia institucional y social.