El senador nacional Eduardo «Wado» de Pedro renovó sus críticas hacia la modificación de la Ley de Glaciares mpulsada por el Poder Ejecutivo, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría la flexibilización de la normativa vigente. Tras haber manifestado su rechazo durante el paso del proyecto por el Senado, el legislador destacó que la medida pone en jaque el suministro de agua para una vasta porción de la población.
«Más de 7 millones de argentinos dependen de los glaciares y las nieves andinas como principal fuente de agua potable», afirmó De Pedro.
Según el senador, la reforma no representa un avance técnico, sino un retroceso que amenaza directamente a ciudades, pueblos y economías regionales que subsisten gracias al ciclo hídrico regulado por los hielos continentales.
Un recurso estratégico en debate
El posicionamiento del senador se produce en una jornada clave, ya que la Cámara de Diputados de la Nación comienza desde el día de hoy la discusión y tratamiento de la propuesta. De Pedro sostiene que la modificación de los artículos que protegen el ambiente periglacial tiene como fin último habilitar la megaminería en áreas de extrema sensibilidad, lo cual aceleraría el deterioro de las reservas de agua dulce.
Para el legislador, el debate trasciende lo ambiental para convertirse en una cuestión de soberanía y federalismo. «Proteger el agua es garantizar arraigo y desarrollo en cada una de las provincias», señaló, subrayando que la reforma pone en riesgo recursos estratégicos sin garantizar beneficios reales para el país.
Las declaraciones de De Pedro enfatizan que el impacto de la reforma no se limita al ecosistema andino, sino que se extiende a la producción agropecuaria y al abastecimiento básico de millones de personas.
El senador insiste en que la ley actual es una herramienta fundamental para la seguridad hídrica nacional y que cualquier intento de reducir las zonas protegidas constituye un peligro para un bien común esencial.
Con el inicio del tratamiento en la Cámara Baja, el senador reafirmó su postura de resistencia al proyecto, instando a una discusión que priorice la preservación de los recursos naturales por sobre los intereses extractivos de corto plazo.