El cambio de firma concesionaria en la Ruta Nacional 5, efectivizado este miércoles 1 de julio, sumergió en una profunda crisis laboral y operativa a la estación de peaje de Olivera.
Tras la desvinculación de los trabajadores que dependían de la anterior empresa estatal Corredores Viales, se estima que unas 80 familias de Mercedes y localidades vecinas quedaron sin su fuente de sustento, en el marco de un agresivo plan de automatización impulsado por el Gobierno nacional.
La situación en la traza vial presenta un escenario inédito: las cabinas de cobro manual permanecen con sus barreras levantadas y no hay personal físico para recaudar en efectivo. Sin embargo, el sistema de Telepase sigue activo, lo que significa que el costo del peaje está siendo abonado únicamente por los usuarios adheridos al dispositivo electrónico con débito automático. Dado el alto nivel de bancarización y la recurrencia del tránsito regional, este grupo representa actualmente a la gran mayoría de los conductores que circulan con el adhesivo en el parabrisas.
Preocupación por el empleo y el servicio
El trasfondo del nuevo esquema planteado por la administración central apunta al desmantelamiento definitivo de los puestos de atención presencial para ser reemplazados de forma exclusiva por radares y lectura tecnológica de patentes.
Las proyecciones indican que la nueva firma adjudicataria absorbería a un cupo extremadamente reducido de operarios, lo que confirmó las peores expectativas de los trabajadores del sector, quienes venían desempeñándose bajo un estricto hermetismo y directivas de silencio gremial.
Además del severo impacto socioeconómico para el entramado local, usuarios viales manifestaron su frustración debido a que la reestructuración del servicio no se traduce en mejoras de infraestructura. Obras largamente postergadas, como el mantenimiento general y el proyecto de la doble mano hasta Bragado o Santa Rosa, siguen inconclusas y no llegan siquiera a la vecina ciudad de Suipacha.
Reclamo conjunto en el Concejo Deliberante
Frente a este escenario, el arco político local comenzó a articular acciones. En las próximas horas ingresará al Honorable Concejo Deliberante de Mercedes un proyecto de resolución conjunto, impulsado por los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y Vecinos x Mercedes, con el fin de declarar la emergencia laboral y exigir respuestas al Ejecutivo nacional.
El texto de la iniciativa expresa la «más profunda preocupación» institucional ante el despido masivo de las 80 personas que garantizaban tanto el sustento de sus hogares como servicios esenciales de seguridad y asistencia en la Ruta 5.
A través del articulado, los concejales solicitarán de manera urgente la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación y de los organismos competentes para que convoquen a una mesa de diálogo integrada por la nueva empresa concesionaria y los representantes sindicales. El objetivo central del reclamo legislativo es lograr que se retrotraigan las cesantías, se revisen los pliegos de la licitación y se garantice la continuidad del personal técnico y administrativo afectado por el proceso de automatización.