«Esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada es un estatuto legal del coloniaje», afirmó de manera contundente la concejal Aída Laporta (UCR), en relación al Proyecto de Resolución 240/26 que impulsó de cara al orden del día de la próxima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Mercedes.
La iniciativa, que también lleva la firma del edil Daniel Ivaldis, busca declarar la «más profunda preocupación» del cuerpo deliberativo local frente al avance de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso.
El proyecto de resolución legislativa presentado por el bloque radical fundamenta sus advertencias en informes técnicos desarrollados por la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado de la Nación, el Observatorio de Tierras y diversos actores de la comunidad.
Según los ediles mercedinos, la norma nacional —cuyo tratamiento en la Cámara Alta está previsto para el próximo 6 de agosto— «altera de manera profunda la soberanía territorial y los derechos civiles vigentes», con un impacto directo en la vida cotidiana de la comunidad local.
Entre los puntos más críticos que destaca el expediente, se advierte que el primer capítulo del proyecto oficial debilita las potestades del Estado para declarar bienes de utilidad pública, obstaculizando expropiaciones para infraestructura básica como escuelas u hospitales.
Asimismo, denuncian la eliminación de garantías procesales para inquilinos en juicios de desalojo, reduciendo a 10 días el plazo de intimación por falta de pago y suprimiendo la posibilidad de saldar deudas para evitar perder la vivienda.
La iniciativa del radicalismo local enfatiza también la gravedad de derogar la Ley de Tierras, lo que habilitaría la compra ilimitada de territorio nacional por capitales transnacionales en zonas de frontera, áreas ribereñas y reservorios de agua dulce, afectando normas de seguridad nacional vigentes desde 1944.
A esto se suma la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, al eliminarse las restricciones temporales para el cambio de uso del suelo y desarrollos inmobiliarios o agropecuarios en tierras afectadas por incendios.
Frente a este escenario, el Proyecto 240/26 insta al Concejo Deliberante a manifestar su rechazo formal e invitar a los demás municipios de la provincia de Buenos Aires a pronunciarse en igual sentido. Del mismo modo, solicita al Departamento Ejecutivo local la realización de charlas informativas junto al cuerpo legislativo para dar a conocer a la ciudadanía las implicancias y alcances de las reformas proyectadas.