La conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mercedes hizo pública su postura respecto de la situación de las 141 viviendas del programa Procrear que permanecen inconclusas en la ciudad, en respuesta a recientes manifestaciones del delegado regional de la CGT.
Desde el centenario partido sostienen que señalar únicamente a la actual administración nacional sobre el destino del predio genera una visión «parcial e incompleta» de la problemática, omitiendo la responsabilidad de la gestión saliente de Alberto Fernández, durante la cual la obra quedó paralizada con apenas un 50 % de ejecución.
En un pronunciamiento de marcado perfil institucional, el radicalismo mercedino remarcó que las políticas públicas deben evaluarse de manera integral y fundarse en la memoria institucional y la transparencia.
Argumentan que antes de cuestionar las decisiones presentes sobre el predio, resulta indispensable responder por qué no se finalizaron los inmuebles cuando se contaban con las competencias, las asignaciones presupuestarias y los plazos administrativos para hacerlo.
Asimismo, remarcaron que, de haber existido subejecución o deficiencias administrativas, deberán ser los organismos de control y la Justicia quienes determinen las responsabilidades pertinentes para dar respuesta a las familias perjudicadas.
«Cuando una obra financiada con fondos públicos permanece inconclusa, la primera obligación institucional consiste en explicar las razones de esa interrupción y el destino de los recursos asignados», expresaron desde la conducción radical local.
LOS PUNTOS CLAVE
– Antecedente insoslayable: La obra finalizó la gestión anterior con un avance cercano al 50 %, sin llegar a la entrega de las viviendas.Evaluación integral: Sostienen que resulta improcedente analizar las medidas de la actual administración nacional sin examinar la interrupción previa del proyecto.
– Rendición de cuentas: Apelan al principio de eficiencia pública y señalan que los organismos de control e instancias judiciales deben actuar si existieron irregularidades o demoras injustificadas.
– Derecho de la comunidad: Reivindican el derecho de los vecinos a conocer la verdad sobre el destino de los fondos y los motivos por los cuales no se dio respuesta al déficit habitacional.