El tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación del proyecto de ley denominado de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» —calificado por la oposición como una norma de extranjerización de la tierra y entrega del territorio nacional— volvió a empantanarse para el bloque oficialista.
Fuentes parlamentarias confirmaron que el Poder Ejecutivo nacional no cuenta con los votos necesarios para lograr la aprobación del articulado, quedando al menos siete legisladores de los 37 requeridos para el quórum y la votación favorable.
La complicación de la bancada libertaria se profundizó en las últimas horas a partir de las manifestaciones públicas de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén). Ambos mandatarios provinciales hicieron explícito su rechazo a las modificaciones que eliminan los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Esta decisión alineó en forma negativa los votos de las senadoras Beatriz Ávila (Tucumán) y Julieta Corroza (Neuquén), dejando al oficialismo con una base estimada de apenas 30 apoyos.
El escenario actual de frenos y postergaciones en el Senado —donde el tratamiento de la iniciativa ya se ha caído en tres oportunidades anteriores— es el resultado de un trabajo de instalación en la agenda pública iniciado meses atrás.
El debate cobró fuerte volumen institucional, durante una jornada técnica y multidisciplinaria convocada por el propio De Pedro en calidad de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.
En aquel encuentro, expertos en derecho constitucional, ambientalistas, académicos y representantes institucionales analizaron los riesgos de derogar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, sancionada en 2011. Entre los expositores expusieron el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Martín Paleo; el obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social, Mons. Carlos Malfa; especialistas del CONICET; referentes del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM La Plata); y representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre otros.
Según la documentación informativa elaborada por el equipo del legislador mercedino, el proyecto cuestionado desmantela los controles soberanos vigentes al eliminar el tope general del 15% de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, suprimir las restricciones para compras en zonas de frontera y cuencas hídricas, y disolver el Registro Nacional de Tierras Rurales. Asimismo, introduce reformas a la Ley de Expropiaciones, acelera los plazos para desalojos de viviendas y deroga las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían el cambio de uso de suelo en zonas incendiadas.
Ante la creciente presión social y la difusión de informes técnicos sobre el impacto de la medida en la soberanía territorial, la seguridad alimentaria y la defensa nacional, diversos sectores con bancadas en duda optaron por no acompañar el proyecto.
«Cuando el tema se expone de cara a la sociedad y se explican sus consecuencias concretas sobre nuestros recursos naturales y el agua, los gobernadores y legisladores comprenden la gravedad de entregar el control del territorio», expresaron desde la Cámara Alta.