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Por mayoría del FP y la UCR, el Concejo había rechazado la denegada venta de tierras a extranjeros

El Honorable Concejo Deliberante de Mercedes aprobó por mayoría un proyecto de resolución dictaminado para manifestar su «rechazo y preocupación» ante la iniciativa de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado de la Nación.

La medida legislativa local, centrada en alertar sobre los riesgos de extranjerización de recursos naturales y la especulación inmobiliaria en terrenos afectados por incendios intencionales, sumó los votos del oficialismo (Frente Patria) y de la Unión Cívica Radical (UCR), en contraposición a la negativa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y la abstención de Vecinos por Mercedes.

La resolución sancionada se dio en consonancia con las intensas jornadas vividas en la Cámara de Senadores de la Nación y en las inmediaciones del Congreso, donde multitudinarias movilizaciones populares bajo la consigna «La Patria no se vende» derivaron en el rechazo a dos de los capítulos más cuestionados del texto original.
Dicha propuesta legislativa nacional contemplaba la modificación de las vigentes Ley de Tierras y Ley de Manejo del Fuego, abriendo la comercialización de la superficie nacional a capitales extranjeros y habilitando el uso inmobiliario de áreas incendiadas.

En el plano local, el proyecto que formalizó el repudio y la exhortación a los senadores nacionales para votar en contra fue articulado por el bloque oficialista presidido por Santiago Altube y contó con la confluencia de la UCR, espacio que impulsó un expediente en idéntica sintonía.

Por el contrario, la bancada libertaria afín a la gestión de Javier Milei votó en contra, mientras que el espacio vecinalista conducido por Bernardo Zubeldía resolvió abstenerse argumentando que la discusión nacional «sólo servía para agrandar la grieta» y definiendo la confrontación como «política berreta».

Dicha postura provocó la réplica cruzada de las concejalas Lucila Villoslada (oficialismo) y Aída «Pety» Laporta (UCR), quienes subrayaron el deber del cuerpo deliberativo local de pronunciarse sobre normativas que impactan de manera directa en los trabajadores agrarios, la economía y los vecinos del partido.

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