La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en las últimas horas del viernes una denuncia penal para que se investigue a los responsables políticos y mandos policiales por el brutal operativo represivo desplegado durante la 5ª Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo solicitó investigar los delitos de abuso de autoridad, estrago, detenciones ilegales, torturas y apremios ilegales tras registrarse más de 550 personas heridas o afectadas por gases químicos, postas de goma y agua a presión.
El organismo presentó una acción judicial contra los responsables políticos y operativos del despliegue de las fuerzas federales en el Congreso, que dejó más de 550 personas heridas y seis detenciones arbitrarias.
De acuerdo al relevamiento en el territorio, la represión se extendió por más de tres horas y fue ejecutada mediante un comando conjunto entre la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Las fuerzas hicieron uso de más de 120 granadas de gas lacrimógeno, proyectiles de gomera químico Byrna y camiones hidrantes que impactaron de forma directa e indiscriminada sobre los manifestantes, forzando la suspensión del acto central del frente universitario.
La denuncia penal enfatiza que el operativo respondió a una decisión coordinada y planificada por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Asimismo, la CPM remarcó que las fuerzas atacaron intencionalmente a grupos que cuentan con protección especial, registrándose lesiones en al menos 50 trabajadores de prensa, 20 integrantes de equipos sanitarios (CEPA y Posta de Salud) y 18 monitores de organismos de derechos humanos que resultaron agredidos mientras registraban el accionar policial.
Durante el despliegue y la posterior desconcentración se notificaron al menos seis detenciones arbitrarias ejecutadas con violencia, entre las que se incluyó a dos adolescentes. Frente a este escenario, la CPM exigió determinar la responsabilidad penal tanto de los funcionarios ejecutores como de la conducción política del operativo, advirtiendo sobre el marcado incremento de la violencia estatal en la protesta social durante el año 2026.