En el marco del debate que se llevará a cabo en la Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre el proyecto de ordenanza de promoción industrial y fomento de inversiones denominado «Impulsa Mercedes», desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA), Mauricio Pollacchi y Silvia Di Leo, dos de sus integrantes, hicieron pública su postura detallada respecto a la normativa enviada por el Departamento Ejecutivo.
Di Leo y Pollacchi desde la bancada libertaria recordaron que vienen trabajando e impulsando normativas de este tipo desde su ingreso al HCD en 2023, labor que continuaron desde 2025 con la incorporación de nuevos ediles al espacio.
Pollacchi y Di Leo cuestionaron severamente la contrapropuesta presentada por el partido vecinalista Vecinos por Mercedes
Según manifestaron, mantuvieron conversaciones con el Ejecutivo para que la ciudad se convierta en un polo de atracción industrial que genere recursos genuinos y empleo para los jóvenes, reduciendo la dependencia del empleo estatal. En este contexto, remarcaron que previamente habían presentado una propuesta para adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional, la cual fue rechazada por el oficialismo. Por ello, expresaron haber recibido con entusiasmo el proyecto que fue presentado oportunamente en la Sociedad Rural de Mercedes y luego ingresado al cuerpo deliberativo.
No obstante, desde LLA remarcaron la necesidad de incorporar cambios y precisiones puntuales que consideran fundamentales. En primer término, respecto al ítem de incentivos, señalaron que el texto utiliza la figura de «bonificación», cuando por razones legales y contables corresponde aplicar «exenciones».
Asimismo, cuestionaron que el proyecto no fije alícuotas precisas ni categorizaciones por monto de inversión —como sí lo hace la norma provincial a la cual se pretende adherir—, limitándose a establecer que el beneficio será de «hasta el 100%». Para el bloque, esta redacción otorga un margen de arbitrariedad al funcionario de turno. «Las reglas deben ser claras para todo inversor que aspire a adherir al beneficio y generales, no sometidas a la voluntad del burócrata de turno», sostuvieron, advirtiendo contra la «fatal arrogancia» y confirmando que sobre este aspecto aún no hay acuerdo.
La bancada libertaria propuso elevar el plazo del beneficio a más de 10 años para otorgar ventajas competitivas frente a otros municipios, al tiempo que coincidieron con la reducción al 0% de los derechos de habilitación y construcción por entenderlos como un desincentivo a la inversión
Por otra parte, la concejal Di Leo y el edil Pollacchi cuestionaron severamente la contrapropuesta presentada por el partido vecinalista Vecinos por Mercedes (VXM). Criticaron la escala de alícuotas decrecientes ligada a supuestas etapas de desarrollo de las empresas por considerarla alejada de la realidad, y rechazaron fuertemente las exigencias de contratación local, listas de proveedores, controles de precios antidumping y la aplicación de conceptos como el costo marginal, calificándolo como un «horror de microeconomía básica».
En este sentido, el concejal Mauricio Pollacchi alertó enfáticamente sobre los riesgos de crear un registro local obligado: «La creación de un padrón de proveedores privados, para que comercien entre sí, podría generar un kiosco manejado por la política. Donde el intendente podría meter y sacar proveedores del padrón según su conveniencia. Son políticas que ponen al privado a trabajar para el Municipio, debiendo estar siempre cumplimentando requisitos y agregando burocracia innecesaria».
En cuanto a otros aspectos de la norma, la bancada libertaria propuso elevar el plazo del beneficio a más de 10 años para otorgar ventajas competitivas frente a otros municipios, al tiempo que coincidieron con la reducción al 0% de los derechos de habilitación y construcción por entenderlos como un desincentivo a la inversión. Finalmente, respaldaron la necesidad de definir criterios técnicos precisos para el cálculo real de los costos de los servicios municipales cobrados a través de las tasas, reafirmando que no apoyarán «ninguna propuesta restrictiva de persecución a la actividad económica».