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En su car\u00e1cter de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM) elabor\u00f3 un informe que se present\u00f3 a las autoridades provinciales, sobre la brutal represi\u00f3n del Servicio Penitenciario Bonaerense durante las protestas del 31 de octubre y 1\u00ba de noviembre y los d\u00edas posteriores. Durante esos d\u00edas, la CPM present\u00f3 1.580 habeas corpus individuales y 21 acciones de car\u00e1cter colectivo y decenas de denuncias penales para que se investiguen y sancionen las torturas perpetradas durante la protestas y tambi\u00e9n los d\u00edas posteriores: heridas en zonas vitales con postas de goma disparadas a quemarropa, aislamiento extremo, falta de comida o entrega de comida podrida, traslados compulsivos sin orden judicial en medio de la noche, sin pertenencias y desnudos, la quema y destrucci\u00f3n de aulas universitarias, nula atenci\u00f3n m\u00e9dica de heridos, entre otras represalias. Tambi\u00e9n se reclam\u00f3 al poder judicial la resoluci\u00f3n de morigeraciones y la compensaci\u00f3n por penas il\u00edcitas. Se estima que m\u00e1s de 1.500 personas sufrieron diferentes tipos de torturas.<\/p>\n
Antes, durante y despu\u00e9s de las protestas en c\u00e1rceles bonaerenses ocurridas el pasado 31 de octubre y 1\u00ba de noviembre, la actuaci\u00f3n del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue violenta e ilegal: provocaron un conflicto al anunciar y luego prohibir las visitas familiares, frente a las protestas reprimieron y luego tomaron represalias. La responsabilidad en toda la cadena de hechos es evidente y el saldo brutal: se estima que m\u00e1s de 1.500 personas fueron torturadas, centenares de personas trasladadas o heridas, algunas con lesiones que ser\u00e1n permanentes. La magnitud, escala y violencia de la actuaci\u00f3n penitenciaria no tiene antecedentes recientes.<\/p>\n
Esto mismo ya hab\u00eda sido denunciado por la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM) a las pocas horas de ocurrido los hechos y tras su intervenci\u00f3n directa: esos dos d\u00edas, en calidad de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, la CPM se constituy\u00f3 en las unidades penitenciarias 1, 9, 10, 24, 31, 37, 40, 45 y 48. Durante esas inspecciones de car\u00e1cter urgente se entrevistaron personas detenidas, se reclam\u00f3 la presencia de jueces penales y presenci\u00f3 procedimientos penitenciarios, como los recuentos de detenidos durante la madrugada, donde se relevaron heridos y torturados.<\/p>\n
Desde el primer momento, la CPM advirti\u00f3 sobre el rol del SPB en el conflicto: tras haber anunciado el reinicio de las visitas luego de 8 meses de ASPO, un d\u00eda antes, cuando todo estaba preparado para que as\u00ed sucediera, notific\u00f3 que las mismas hab\u00edan sido suspendidas. Esa decisi\u00f3n inici\u00f3 las protestas que luego fueron alentadas y\/o permitidas por funcionarios penitenciarios que habilitaron a los detenidos a subir a los techos o implementaron medidas que lo facilitaron, como por ejemplo colocar y sostener una escalera. Los testimonios de las personas detenidas y los registros f\u00edlmicos no dejan margen para la duda.<\/p>\n
Los problemas originados y\/o propiciados por el SPB fueron resueltos utilizando la fuerza, mediante una brutal represi\u00f3n que no respet\u00f3 ninguna normativa o protocolo. Se dispararon miles de balas de goma, muchas de ellas a quemarropa y sin respetar la distancia m\u00ednima de 10 metros o la obligaci\u00f3n de disparar de la cintura hacia abajo. Durante la represi\u00f3n, agentes penitenciarios tambi\u00e9n quemaron y destruyeron las aulas universitarias en las unidades 31 y 48, y luego ordenaron cientos de traslados arbitrarios, gravosos y sin orden judicial.<\/p>\n
La mayor\u00eda de las torturas y\/o malos tratos denunciados se produjeron cuando la protesta ya hab\u00eda sido controlada. Y en los d\u00edas posteriores continuaron las represalias: aislamiento extremo en celdas hacinadas sin acceso a ducha o actividad alguna, falta de provisi\u00f3n de comida o entrega de comida en mal estado, golpizas y traslados compulsivos y arbitrarios.<\/p>\n
Los reclamos se explican tambi\u00e9n en la responsabilidad del poder judicial, que restringe y niega el acceso a derechos, resolviendo que las personas se vayan con la pena cumplida y sin acceder a ning\u00fan instituto legal del r\u00e9gimen de progresividad de la pena. Los jueces no cumplen con los pactos internacionales de derechos humanos de jerarqu\u00eda constitucional ni con los principios procesales aplicables.<\/p>\n
La indolencia del poder judicial se hizo evidente tambi\u00e9n durante esos dos d\u00edas de protesta; a pesar de la gravedad y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos ocurridas, apenas algunos jueces se constituyeron en los lugares de detenci\u00f3n e intervinieron para tratar de detener estas violencias. Muy pocos jueces de ejecuci\u00f3n intervinieron de oficio.<\/p>\n
Los jueces deben resolver los pedidos de morigeraciones, libertades y excarcelaciones considerando las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas detenidas en el encierro: torturas sistem\u00e1ticas, condiciones inhumanas de detenci\u00f3n, sobrepoblaci\u00f3n del 101 % y situaciones de hacinamiento extremo. Estas condiciones provocan que las penas sean il\u00edcitas al no respetar la exigencia legal y constitucional de cumplirse en \u201cc\u00e1rceles sanas y limpias\u201d. Los jueces deben adoptar los mecanismos de la compensaci\u00f3n de penas al momento de resolver las morigeraciones.<\/p>\n
Lo m\u00e1s grave de los hechos del 31 de octubre y el 1\u00ba de noviembre es que las condiciones que motivaron la protesta contin\u00faan: las demoras en resolver pedidos y la negativa recurrente a liberar personas, que por ley deben acceder a morigeraciones o libertades, deben revertirse. Descomprimir el sistema carcelario es una responsabilidad primaria del poder judicial. Tambi\u00e9n el poder ejecutivo tiene herramientas legales para actuar y descomprimir el hacinamiento y sobrepoblaci\u00f3n en lugares de encierro.<\/p>\n
El informe de las torturas durante la represi\u00f3n penitenciaria<\/strong><\/p>\n En el momento que estaban ocurriendo las protestas en c\u00e1rceles de toda la provincia y en los d\u00edas posteriores, la CPM present\u00f3 1.580 habeas corpus individuales denunciando graves violaciones de derechos humanos y 21 acciones de car\u00e1cter colectivo: 14 habeas corpus colectivos, 5 ampliaciones de habeas corpus colectivos, 1 solicitud de intervenci\u00f3n en funci\u00f3n del Art. 25 inc 3 CPP y un escrito denunciando incumplimiento de sentencia.<\/p>\n Por otra parte, y como remarca el organismo en el informe que present\u00f3 a las autoridades provinciales, se formularon decenas de denuncias penales solicitando se investiguen los hechos ocurridos, entre ellos la represi\u00f3n y actuaci\u00f3n penitenciaria en los hechos, y la destrucci\u00f3n e incendio de los Centros Universitarios y los traslados arbitrarios posteriores. A modo de ejemplo, el presidente del Centro de Estudiantes de la Unidad 31 fue trasladado a Magdalena y hoy se dispuso su traslado a Sierra Chica. Otro estudiante universitario de la Unidad 31 recibi\u00f3 varias heridas cortopunzantes provocadas por un agente penitenciario y se encuentra internado con pron\u00f3stico reservado; su familia se enter\u00f3 reci\u00e9n dos semanas despu\u00e9s de lo ocurrido.<\/p>\n \u201cLas inspecciones realizadas durante los acontecimientos y las denuncias recibidas, nos permiten estimar que m\u00e1s de 1.500 personas padecieron las torturas, represi\u00f3n o traslados compulsivos de parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, sin que el poder judicial realizara acciones dirigidas a detener estas violaciones de derechos humanos\u201d, menciona la CPM en el informe.<\/p>\n Si bien se trata de un subregistro, por la comunicaci\u00f3n con las v\u00edctimas o por hechos informados por la justicia, la CPM pudo constatar con precisi\u00f3n 426 lesiones sufridas por 338 personas durante la represi\u00f3n penitenciaria. El 70% sufri\u00f3 lesiones por impactos de balas de goma, el 19% por golpes de pu\u00f1o o patadas, y un 9% por el uso de elementos contundentes o cortantes. Muchos relatos dan cuenta del uso de estos elementos -denominados \u00abfacas\u00bb- por parte de funcionarios penitenciarios para encubrir sus agresiones y hacerlas pasar por lesiones producidas por peleas entre presos.<\/p>\n Seg\u00fan el registro de las heridas: 113 de las 338, es decir m\u00e1s del 30% de las personas heridas, padeci\u00f3 lesiones en el rostro y la cabeza. Y de ellas, la mayor\u00eda fueron lesiones producidas por el impacto de balas de goma aun cuando, como ya se dijo, los protocolos de actuaci\u00f3n proh\u00edben expresamente disparar a la cabeza o zonas vitales del cuerpo.<\/p>\n Los balazos a la altura de la cabeza tuvieron como consecuencia severas mutilaciones, destac\u00e1ndose la posible p\u00e9rdida permanente de la visi\u00f3n en un ojo en 17 personas y de ambos ojos en 1 persona. En la Unidad 48 un detenido perdi\u00f3 parte de una oreja por la misma causa.<\/p>\n Este cuadro de torturas se completa con casos de detenidos privados de ropa que fueron encerrados completamente desnudos, golpes con palos aplicados en plantas de los pies y rociamiento de agua fr\u00eda.<\/p>\n Luego de ocurridos los hechos, las represalias incluyeron traslados gravosos en los que sacaban a las personas \u201ccapeadas\u201d, es decir sin aviso previo, sin sus pertenencias, durante la noche y en muchos casos desnudas o descalzas. Muchos de estos casos, sin que se cumpliera con la autorizaci\u00f3n previa del juez. Entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, se produjeron m\u00e1s de 700 traslados.<\/p>\n Estos traslados imprimieron, adem\u00e1s, un castigo adicional: por la demora en la entrega de esta informaci\u00f3n por parte del servicio penitenciario, decenas de familiares estuvieron d\u00edas sin saber d\u00f3nde estaban sus seres queridos, generando m\u00e1s padecimiento y angustia.<\/p>\n Las cientos de personas heridas tampoco fueron atendidas de manera adecuada. Los cuadros m\u00e1s graves se derivaron a hospitales p\u00fablicos y a los restantes pr\u00e1cticamente no se les dio respuesta, las personas detenidas debieron curarse con agua y jab\u00f3n o az\u00facar en el mejor de los casos. La prueba de la decisi\u00f3n penitenciaria de no brindar asistencia m\u00e9dica se constat\u00f3 en la unidad 48 que no contaba con sanidad para atender las personas; por solicitud del Ministerio de Justicia, se instal\u00f3 durante un d\u00eda un hospital p\u00fablico m\u00f3vil del Ministerio de Salud provincial para asistir a los heridos y enfermos, pero el SPB decidi\u00f3 no llevar a nadie.<\/p>\n La gravedad de esta represi\u00f3n sin precedentes fue la m\u00e1xima expresi\u00f3n de una realidad cotidiana en todos los lugares de encierro: la pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de la tortura. Es indispensable investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, e implementar pol\u00edticas de prevenci\u00f3n y asistencia a las v\u00edctimas.<\/p>\n Este informe fue presentado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires Julio Alak, a la Suprema Corte provincial y al Procurador General, reclamando reformas urgentes para revertir las pol\u00edticas criminales y de seguridad en la provincia. \u201cEl dialogo debe ser el camino para la resoluci\u00f3n de los conflictos y en esto reconocemos las iniciativas tendientes a esto de parte del ministerio que dirige. Sin embargo, este no fue el camino seguido por el SPB. El dialogo debe ser acompa\u00f1ado con las reformas estructurales que ya no pueden esperar\u201d, se\u00f1alaron las presentaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En su car\u00e1cter de Mecanismo Local de Prevenci\u00f3n de la Tortura, la Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria (CPM) elabor\u00f3 un informe que se present\u00f3 a las autoridades provinciales, sobre la brutal represi\u00f3n del Servicio Penitenciario Bonaerense durante las protestas del 31 de octubre y 1\u00ba de noviembre y los d\u00edas posteriores. 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