Tras la difusión de la noticia que habla sobre los controles que comenzó a realizar a nivel provincial la Dirección de Comercio Interior, el concejal del GEN-FAP, José Luis Ramos destacó que esta situación del cobro de adicionales en recargas de teléfonos se viene sucediendo en la ciudad desde hace largo tiempo, y que en ese sentido había presentado hace unos meses un proyecto de resolución con la idea de que el municipio sea el que se encargue de los controles, ante estas irregularidades detectadas en comercios.

“Esto se viene produciendo desde hace bastante tiempo, no sólo aquí en Mercedes, sino en otras ciudades. La Dirección de Comercio Interior (DCI) reacciona tarde, cuando ya al cliente o usuario le metieron las manos en el bolsillo. Pero más vale tarde que nunca”, según el concejal Ramos.

El Expediente 26/12 fue presentado por Ramos en el mes de enero de 2012, en vista de que “la carga de la telefonía celular hoy a pasado a ser desde hace un tiempo virtual dándole al usuario una comodidad importante”, y considerando que “los servicios de comunicación en la actualidad se han transformado en algo casi indispensable para la vida cotidiana de los ciudadanos”, y que “más allá de los beneficios del sistema, es imprescindible actuar en defensa precisamente del usuario”. Por eso y marcando que se ha hecho costumbre el cobro de $ 1 por cada carga que el usuario requiere de cualquier compañía telefónica, pero no consta en el ticket”, que “los negocios que prestan estos servicios cobran de las compañías telefónicas una comisión por la contraprestación respectiva”, que “además suman a la oferta otros productos como lo son el Gran DT o el Veraz” y que “ya hay empresas que están ofertando, el servicio del SUBE, como también de una reconocida cadena de servicio de TV”, marcando que este tipo de servicios “son requeridos en la mayoría de los casos por ciudadanos de menores ingresos económicos, representando este accionar una medida más, inflacionaria; a los bolsillos de los usuarios”, el proyecto de resolución era para que el Departamento Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, haga que “se controle el sobreprecio sobre estos servicios y se actúe en consecuencia”.