Tal cual comentó la mercedina María del Carmen Silva, sobre el tema de la obligatoriedad de la sala de 3 años, fue invitada junto a una colega como integrante de la REDUEI (Red de Carreras Universitarias de Educación Inicial) a participar y emitir opinión en la Comisión de Educación del Congreso de la Nación.

Fue así que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por intermedio de su presidente Diputado Dr. Ricardo invitó a participar en carácter de expertas en educación inicial a las especialistas Doctora Noemí Burgos y Magister María del Carmen Silva para tratar el proyecto del Poder Ejecutivo, que propugna la extensión de la escolaridad obligatoria a los 3 años de edad. 

La reunión se desarrolló el 30 de agosto pasado con la presencia de funcionarios, presidentes e integrantes de las comisiones de Educación y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados y especialistas, respectivamente.

La ampliación de la escolaridad tiene el respaldo de todas las provincias y podría regir desde 2017, para beneficiar a más de 500.000 chicos con el fin de garantizar que los chicos ingresen en primer grado en "mayor igualdad de oportunidades".

La Doctora Burgos y Magister María del Carmen Silva actualmente son Coordinadora y Secretaria General respectivamente de la REDUEI (Red de Carreras Universitarias de Educación Inicial) de Argentina que integran representantes de 17 universidades nacionales. Es la única RED en Latinoamérica, que cuenta con un reservorio de más de 500 investigaciones desarrolladas a lo largo de casi veinte años para profundizar la identificación, comprensión y producción de conocimientos científicos sobre la problemática educativa infantil en Argentina.

Las expositoras plantearon la importancia de la Educación Inicial por su carácter de cimiento en los primeros años de vida para la estimulación del desarrollo infantil; la necesidad de promover acciones educativas con la finalidad de proporcionar al niño en las primeras etapas de su desarrollo, los estímulos globales ambientales adecuados a su edad y que favorezcan su evolución física, sensorial, intelectual, afectiva y de relación con el contexto, complementando la educación de los padres y garantizando el derecho a aprender de todo niño. El acceso a la educación, cuanto más temprano se realiza, es indudablemente uno de los instrumentos más igualitarios con los que cuenta la sociedad en Argentina.

También sostuvieron que la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial en los últimos años, junto a medidas vinculadas a la misma entre otras Asignación Universal por Hijo, han sido pasos importantísimos hacia la inclusión social a través de la educación, pero aún persisten algunas deudas con determinados sectores de la sociedad para lograr un proceso universal de justicia social y el cumplimiento pleno del “interés superior del niño”.

Por tanto la obligatoriedad de la Sala de 3 años corresponde al deber del Estado con las infancias, pues entre los sectores sociales menos favorecidos es donde resulta indispensable la presencia del Estado para equiparar las posibilidades de desarrollo familiar e individual. De un Estado garante y motor del desarrollo integral de la sociedad obligado a brindar servicios escolares de calidad para posibilitar aprendizajes en forma inclusiva, adecuada y contenedora para las infancias. Estos “saberes instrumentos” (aprendizajes herramientas), que la educación inicial provee al inicio de la vida misma, tienen valor social común a todos los niños de esta edad, porque todos tienen derecho a acceder a contenidos equivalentes. Es ciertamente injusto que los sectores con mayores niveles de consumo, puedan acceder a ellos por la vía privada, mientras que los niños y niñas de los sectores populares, queden excluidos de los mismos. 

También plantearon que la asistencia de los niños al Jardín de Infantes no sólo garantiza el derecho de aprender para los propios alumnos, sino que en muchos casos resuelve serios problemas vinculados al cuidado familiar de los menores cuando sus madres/padres, ejercen el derecho al trabajo. Por ello las políticas públicas educativas destinadas a la primera infancia, de la trascendencia de la que se trató en el ámbito de la Comisión de Educación, sólo es posible concretarlas con calidad educativa, con docentes titulados que la impartan e inversiones sostenidas o fondos específicos dirigidos a la educación infantil que garanticen lo antes dicho. Considerando estas recomendaciones se acordó con el proyecto que propugna la extensión, universalidad y obligatoriedad del Estado a garantizar la escolaridad a los 3 años de edad en Argentina.  

 

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