Obligados a trabajar sin salario y en pésimas condiciones de higiene y seguridad, la Policía Federal rescató a siete víctimas de explotación laboral luego de allanar una chacra en la localidad de Gowland, partido bonaerense de Mercedes, en el marco de las políticas dispuestas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, para combatir ese delito.
“En estos procedimientos nuestra prioridad es siempre proteger la integridad, tanto física como emocional, de las víctimas. Para eso hacemos un abordaje interdisciplinario, con distintas áreas del Estado, y brindamos toda la contención necesaria”, expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.
El hecho se dio tras pesquisas llevadas a cabo por el departamento Unidad Federal de Investigación sobre trata de personas de PFA, a raíz de una denuncia procedente de la Línea 145.
Fue así que se efectuaron minuciosas tareas de inteligencia determinando severos indicios de explotación laboral en un predio de cultivos sito en la calle 502 y 505 de dicha localidad, al cual se accedía luego de traspasar un camino de tierra desolado por más de veinte kilómetros.
Una vez allanado el campo, se determinó que allí funcionaba una especie de granja frutihortícola, donde se hallaban presentes nueve personas, de las cuales dos de ellas eran menores de edad, de 10 y 16 años, todos de nacionalidad argentinos, oriundos de la Provincia de Corrientes y Chaco.
Al momento del ingreso se hallaban en la labor de las tierras, cosecha y siembra de hortalizas. Los federales notaron que las condiciones de vida en el lugar era muy precarias, en torno a las viviendas, seguridad, higiene y alimentación de las personas halladas en las mismas.
Asimismo, los trabajadores refirieron que se encontraban aislados, y que en razón de que el campo se emplazaba a más de 20 km de una ruta, carecían de medios para salir. Aparte, fueron engañados y nunca recibieron la paga prometida, también agregaron que debido a las distancia para llegar a la ruta, los alimentos debían ser comprado a los propios encargados con valores por encima de lo normal.
En el lugar se identificó a los responsables del campo, los que resultaron ser una mujer boliviana y sus dos hijos (argentinos), los que fueron señalados por las personas rescatadas sin dudar en ningún momento.
De esta manera, personal de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Programa Nacional de Rescate, procedió a realizar las entrevistas correspondientes a la totalidad de los trabajadores, de los que siete se acogieron a los beneficios del mentado programa.
Intervino el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo interino del Dr. González Charvay.
