El Defensor del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que anule los cambios en los contratos de Participación Público Privada (PPP) que transfirieron esta obligación a los municipios.
La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que dé marcha atrás con los cambios en los contratos viales mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP), para que las empresas concesionarias vuelvan a ser las responsables de garantizar los servicios de emergencia en caso de producirse accidentes en las rutas nacionales en las que cobren peajes.
El pedido formal del organismo que conduce Guido Lorenzino a la Dirección Nacional de Vialidad tiene que ver con que las nuevas modificaciones contractuales eximirán a las empresas de brindar servicios de primeros auxilios, transporte sanitario y asistencia en caso de accidente o incendio a los usuarios, transfiriendo esta responsabilidad a los municipios donde se produzcan los siniestros.
“Los bonaerenses deberán hacerse cargo indirectamente de los gastos derivados de esta decisión del gobierno, que piensa más en el negocio de las empresas que en proteger a la gente”, sostuvo Lorenzino.
En la Provincia, estos cambios alcanzarán a los corredores viales A (rutas nacionales 3 y 226); B (RN 5); C (RN 7); E (rutas nacionales 193 y 9); 2 (RN 188); 8 (RN 8); 18 (RN 12); y Sur (rutas nacionales 3 y 205).
