Inicio Provinciales Comisión Provincial por la Memoria pide descomprimir el hacinamiento en cárceles

Comisión Provincial por la Memoria pide descomprimir el hacinamiento en cárceles

Tras la identificación del primer detenido con coronavirus en la UP 42 de Florencio Varela, se encendió una preocupación sobre la expansión de la pandemia de COVID-19. Frente a esto hacen falta respuestas urgentes, sostienen desde la Comisión Provincial por la Memoria, que remarca que el juez Víctor Violini resolvió la prisión domiciliaria de los grupos vulnerables, conforme lo establecido por la OMS, pero debe continuar la mesa de diálogo con las personas detenidas para resolver el conflicto. Lo sucedido produjo temor y angustia en los detenidos y sus familias, y se trabaja para evitar dimensiones dramáticas.

Desde la CPM remarcan que el sistema de encierro bonaerense muestra décadas de abandono. «La desatención de la salud se ha convertido en uno de los rasgos predominantes y la pandemia constituye el riesgo de profundización de este deterioro.
Esto motiva diversas demandas por parte de los detenidos en distintas unidades penitenciarias», afirman.

Frente a esta situación, el pasado lunes se constituyó una mesa de diálogo en la UP 48 de San Martín, de la que participó la CPM junto al Ministerio de Justicia provincial y representantes de los diferentes pabellones. El reclamo principal fue demandar a la justicia que actúe con responsabilidad sobre los pedidos de morigeración de pena y comprenda la gravedad de la situación. Se reclamó el cumplimiento de la ley 14.442 para darle autonomía a la defensa pública provincial.

Esta mesa de diálogo tuvo una nueva instancia el martes en una segunda reunión. Se sumaron representantes de los detenidos en las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 9 de Plata, 31 de Florencio Varela, 39 de Ituzaingó, 46 y 47 de San Martín. Se invitó al juez Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, el juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro Dr. Leonardo Pitlevnik, el juez de ejecución penal de San Isidro Alejandro David, el Defensor General de Lomas de Zamora German Bauché y otros funcionarios judiciales. Por el Ministerio de Justicia provincial participaron la subsecretaria Ana Laura Ramos y otras autoridades. También representantes de la Universidad de San Martín y referentes de organizaciones sociales que trabajan en el complejo penitenciario. Por la CPM participaron Roberto Cipriano García y Sandra Raggi y el padre Pepe Di Paola. Violini remarcó la obligatoriedad de los jueces de su cumplimiento, y de la grave falta de los magistrados. Los detenidos denunciaron ya que son numerosas las morigeratorias denegadas.

Los detenidos realizaron demandas hacia la justicia, reclamando compromiso con la vida de las personas privadas de libertad. Y se comprometieron a elaborar listados de personas en situación de riesgo para entregarlos a la justicia. Quedó de manifiesto la voluntad de diálogo entre los detenidos y Ministerio de Justicia.

«Las huelgas de hambre y otras protestas iniciadas en las cárceles son una reacción para lograr atención y cuidado por parte del poder judicial. Descomprimir el hacinamiento y la sobrepoblación es una estrategia clave en la lucha contra el coronavirus. En las resoluciones de la justicia esta la posibilidad de salvar vidas», expresaron en este contexto desde la CEM.

«La ausencia judicial provocó la reacción de las personas en un hecho ocurrido en la UP 10 de Melchor Romero. Frente a lo que muchos medios de comunicación difunden imágenes que contribuyen a la estigmatización, se trata de protestas en el marco de esta grave situación en las que la justicia estuvo en el foco de las demandas», remarcaron luego desde la CPM, que como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura estableció un espacio de diálogo en el que se escucharon las demandas de los detenidos, quienes entregaron un petitorio y pedidos particulares, y se levantó la medida de fuerza. También solicitó que las personas que se plieguen a estas medidas no sean aisladas o encerradas en sus celdas, sino que permanezcan con las puertas de sus celdas abiertas, como medida de prevención ante la expansión del coronavirus. Esto fue resuelto positivamente.

Además, la CPM desplegó un sistema de emergencia para recibir denuncias y atender a personas detenidas y familiares. Desde que se tomaron las primeras medidas, la CPM presentó más de 600 pedidos de morigeración de penas. «Este trabajo continuará sin pausa. Es importante que el poder ejecutivo garantice medidas de prevención, implemente protocolos rigurosos de ingreso, provea de elementos de higiene. El organismo reitera que es fundamental erradicar el hacinamiento para cumplir con la primera medida de aislamiento social», dijeron.

«La justicia debe actuar como el estado de derecho manda ante esta crisis, adoptando medidas urgentes que terminen con la sobrepoblación y hacinamiento extremo del SPB. La justicia ya no puede ocultar su responsabilidad frente situación actual y debe cumplir con los principios de derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Hoy no hay otra prioridad que salvar vidas», completaron.

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