Una situación que se repite en todas las departamentales e incluso en el Departamento Judicial de Mercedes tiene que ver con lo que sucede con el coronavirus y la justicia. Desde el gremio reclaman mayores acciones y cuidados. Insumos necesarios, protecciones y otros. “Se reciben muchos expedientes y correspondencias y no hay recaudos de prevención, como así también falta limpieza e higiene en toda la provincia”, sostienen desde la Asociación Judicial Bonaerense.
El primer caso positivo de COVID-19 se dio en el Juzgado de Familia Nº3, ubicado en Bernardo de Irigoyen 1118, General Rodríguez.
“Tomamos conocimiento que una compañera del Juzgado de Familia N° 3, luego de realizarse el hisopado correspondiente, dio positivo de COVID-19. Pudimos corroborar que la compañera se encontraba concurriendo al juzgado junto con un número considerable de trabajadores y trabajadoras y que, consecuentemente, se encontraba aislada a partir de la sospecha, al igual que sus compañeros que habían compartido las últimas jornadas de trabajo. Afortunadamente ninguno tiene hasta el momento complicaciones en su salud”, comentaron desde el gremio e indicaron que, de esta forma, procedieron a comunicarse con la titular de la dependencia, doctora Silvia Baez, y con el titular de la Dirección General de Sanidad provincial, doctor Ignacio Goñi, para transmitir la preocupación gremial y expresar que “los trabajadores y trabajadoras que mantuvieron contacto estrecho con la compañera afectada debían aislarse preventivamente, tal cual lo marcan los protocolos sanitarios, y justificar administrativamente su situación en el sistema de presentismo”.
“Sin perjuicio de ello, también expusimos que las Guardias Mínimas deben constituirse adecuadamente, esto es con el número indispensable de trabajadores y trabajadoras para hacer las tareas de suma urgencia e impostergables; ya que su finalidad es dar respuesta a aquellos conflictos judicializados de mayor trascendencia para el pueblo, pero buscando a la vez salvaguardar la integridad psico-fisica de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Pues resulta inescindible el nexo entre el derecho a la salud y el derecho a la vida”, expresaron.
Es evidente que tomar la decisión política de mantener en funciones «normales» las dependencias judiciales implica un riesgo cierto e inminente de vida de cada compañero/a, sostienen desde la AJB
Así las cosas, los trabajadores y trabajadoras que mantuvieron contacto estrecho con la afectada se encuentran debidamente aislados y aisladas y, por la acción gremial, quienes cumplían tareas en forma presencial en exceso se retiraron a sus domicilios, quedando constituida una guardia mínima conforme lo que establecen las resoluciones vigentes de la Corte. “Además de la decisión de la Dra. Baez –que acompañamos– que en lo sucesivo dicha guardia mínima presencial quedará constituida por tres compañeros”, detallaron desde el gremio.
“Recordamos que la Tutela Judicial, continua y efectiva impuesta por mandato constitucional debe ser garantizada por cada magistrado/a, dado que son ellos/as quienes deben resolver las causas en los plazos establecidos por las leyes, y solo a ellos/as puede imputárseles la demora indebida, la que es considerada falta grave y causal de destitución (artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional y artículos 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial). Asimismo cabe resaltar que, como lo venimos sosteniendo desde el principio, es evidente que tomar la decisión política de mantener en funciones «normales» las dependencias judiciales implica un riesgo cierto e inminente de vida de cada compañero/a; lo cual se contrapone con la indemnidad que nos debe garantizar la Corte y la Procuración (artículo 39 de la Constitución Provincial)”, expusieron e indicaron que esto se agrava por el hecho que tanto la Corte como la Procuración, a pesar de haber transcurrido más de 100 días de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio, “aún no han garantizado en forma adecuada para la situación actual, la limpieza necesaria, ni los elementos de protección personal imprescindibles en forma suficiente –tapabocas, alcohol en gel, jabón y toallas descartables, alcohol al 70%, vaporizadores y guantes de látex– para el funcionamiento mínimo de cada oficina y dependencia judicial”.
“Tampoco han resuelto la instalación de barreras de protección adecuadas en las mesas de entradas y otros espacios de atención al público, en reemplazo de los dispositivos hasta ahora proporcionados, que tienen una superficie insuficiente, poseen dificultades para mantener el equilibrio y no permiten una desinfección adecuada. Por si ello no fuera poco, además no se ha realizado un estudio para determinar en cada dependencia la cantidad de personal presencial admisible en función de los espacios físicos disponibles ni, en la gran mayoría de las dependencias, se han organizado dispositivos eficaces para controlar el ingreso del público, con control de temperatura incluido en los accesos a todos los edificios”, indicaron desde el sindicato.
